Siendo presidente de Francia Nicolas Sarkozy se convocó una importante misión de expertos para analizar los límites y restricciones que tienen las cifras tradicionales del PIB. De esta misión hicieron parte, entre otros, destacados economistas como los premios nobel J. Stiglitz y A Sen. La conclusión central a que llegó esta comisión fue que las cifras tradicionales del PIB solo muestran una cara de la moneda: la del crecimiento económico cuantitativo, pero dejan en la bruma toda la problemática social.

Algo parecido podemos estar enfrentando en Colombia. Se afirma con júbilo que en el 2021 podemos crecer entre el 6%-6,5%, pero poco se analiza de qué manera ese crecimiento del PIB va a contribuir a la solución a la gigantesca crisis social en que nos ha sumido la pandemia. La cual, según las más recientes informaciones del DANE, ha llevado a que más del 40% de la población colombiana esté hoy en pobreza; con un alto porcentaje atrapado en lo que se considera como pobreza extrema. Se habla de que la pandemia nos ha hecho retroceder 10 años en la lucha contra la pobreza. Y como si esto fuera poco, la última encuesta del “pulso social” del DANE nos informa que uno de cada tres hogares tiene incapacidad para adquirir el mínimo calorífico de las tres comidas diarias. Naturalmente, y este es el aspecto positivo, un mejor crecimiento del PIB jalona más empleo que a su turno es un corrector parcial de las malas cifras sociales.

Dicho en otras palabras: si bien el índice de crecimiento del PIB apunta a que este año debe darse una recuperación de la tasa de crecimiento (principalmente por el efecto “rebote” toda vez que el desplome del PIB en el 2020 fue monumental: 6,8%), no es menos cierto que la profunda crisis social permanece. Y, aún, en ciertos aspectos, puede haberse profundizado con los paros y bloqueos del primer semestre.

O sea, estamos presenciando la paradoja de unos buenos indicadores de recuperación del PIB envueltos en las brumas de las miserias sociales. Estas fueron las opacidades que el informe Sarkozy destapó, como lo hemos señalado.

Las medidas de apoyo a las empresas, a los sectores más desvalidos y al empleo, que ha venido tomando el gobierno en el último año han sido útiles y ayudan a morigerar la profunda crisis social. Pero están aún lejos de haberla superado. Según estudios publicados en el libro editado por Fedesarrollo con motivo de sus 50 años, “Descifrar el futuro”, las medidas de gasto público contra cíclico adoptadas para hacerle frente a la pandemia han moderado los apabullantes índices de pobreza, pero no los han curado. Queda mucho camino por recorrer.

Por eso resulta importante el componente social de la reforma que anunció esta semana el gobierno. Hay que registrar que Bogotá ya se anticipó algo a esta urgencia, redireccionando parcialmente su presupuesto de inversiones en cemento hacia propósitos sociales.

En la fallida reforma Carrasquilla había un capítulo especial para orientar el gasto hacia finalidades sociales. La más importante de ellas era la continuidad del “ingreso solidario” que en el nuevo proyecto se prolonga por un tiempo, y que sin ser idéntico a la “renta básica” se asemeja a ella, aunque es más modesto.

El nuevo proyecto, que ahora se denomina reforma por la solidaridad, busca un recaudo de 15,2 billones de pesos. Y a diferencia de la reforma Carrasquilla no toca ni el IVA, ni las pensiones ni las rentas de trabajo. Y ha sido presentada de manera menos brusca y más concertada que la anterior, lo que le asegura menos tropiezos en el Congreso. La nueva reforma está lejos de ser integral, pero quizás era la única factible en los difíciles momentos políticos que vive el país.

Lo que está fuera de duda es que así se recuperen las cifras de crecimiento del PIB en lo que queda del 2021 y en el 2022, estamos enfrentando una calamitosa situación de carácter social. Y, por lo tanto, el gran reto de la política fiscal es no solo cómo conseguir más recursos con impuestos, sino definir cómo gastarlos prioritariamente en la superación de la crisis social.