Nos aprestamos a vivir el proceso electoral más incierto que hayamos conocido sin que haya merecido preocupación en el gobierno, a pesar de las evidencias que se acumulan, confirmadas por distintas organizaciones que ejercen veeduría sobre su desarrollo. 

La Misión de Observación Electoral, MOE, en su informe preelectoral registra un aumento de la violencia del 92% en relación con el año 2019 que se ha visto confirmado por las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y por la Fiscalía, que dan cuenta que más de 800 municipios se encuentran en algún grado de riesgo, 600 de ellos en grados altos y medio, que hacen de este proceso electoral el más incierto y potencialmente violento desde el Frente Nacional.

El cese al fuego convenidos con el Eln y el Emc (Estado Mayor Central o disidencias) han entrado en vigor sin el alistamiento previo de los mecanismos de verificación y monitoreo, sin los cuales serán fuente inagotable de controversias e impunidad que afectarán irremediablemente el desempeño de la Fuerza Pública, constreñida a su observación y cumplimiento. Incurre el gobierno en la reedición de la política de apaciguamiento que acentuará los enfrentamientos territoriales entre el Eln, el Emc, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Gaitanistas en varios departamentos del país. Ello explica el tenor de la carta de Iván Mordisco al presidente Petro, en la que, no contento con dar órdenes, aleccionó sobre el manejo del orden público en los municipios de Tambo, Argelia y López de Micay, zona conocida como el cañón del Micay, que supuestamente debería ser objeto de la intervención del ejército. Y todo ello, en medio del silencio sepulcral del presidente, su ministro de defensa y su comisionado de paz.

En el primer acuerdo con el Emc el gobierno no solo garantizó recursos logísticos, sino que también aceptó que las unidades de “Mordisco” podrán permanecer y transitar desarmados por las cabeceras y vías principales de los municipios en los que tienen presencia, pero armados e uniformados podrán hacerlo en corregimientos, veredas y vías secundarias, vedadas a la presencia de la Fuerza Pública. Fungirán de grandes electores en todos los territorios bajo su control y para ello “Mordisco” solicita que sean las guardias indígenas, campesinas y cimarronas las que ejerzan el cuidado del orden público, a los que el gobierno les otorgó la categoría de veedores. Difícil tarea la que les espera a los altos mandos militar y policial en ese escenario consentido por el gobierno.   

Las irregularidades que marcaron las elecciones de Congreso y presidente en el 2022 siguen vigentes y acrecientan las dudas sobre la transparencia de los comicios. Nada se sabe del software para la contabilización de los votos que tantas sospechas y controversias generó en el 2022 y que al parecer será el mismo, con los mismos contratistas y por consiguiente con las mismas sospechas que hoy inexplicablemente han sido temas olvidados.

No extraña entonces que múltiples voces señalen los peligros que se enfrentan en este debate electoral. La transparencia electoral es indispensable para el régimen de libertades. Permitir su quebrantamiento es el primer eslabón de una autocracia en ciernes.