Debido a que a principios de la década de los 90 las Farc incrementaron sus ataques y secuestros,  cuando nuestras fuerzas armadas no estaban aun debidamente preparadas para combatir a la guerrilla, los hacendados quisieron organizarse para defenderse, iniciativa que encontró eco en los gobiernos de entonces. Aunque la guerrilla ha querido atribuir la creación de estas agrupaciones al expresidente Álvaro Uribe, César Gaviria dictó el decreto Ley 356 de 1994 que las reglamentó bajo el nombre de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la autodefensa agraria que, luego, en el gobierno de Ernesto Samper se denominaron Convivir y a las que se permitió portar armas.

Estrictamente, a su origen, estas Convivir, que llegaron a tener unos 120.000 afiliados, eran organizaciones paramilitares, es decir, actuaban bajo reglamentación oficial, pero en 1997 la Corte Constitucional les ordenó desarmarse para evitar abusos. Las Convivir continuaron como útiles grupos de información de las autoridades y dejaron de ser “paramilitares” pues no estaban armadas. Entonces se formaron grupos ilegales para combatir los secuestros y extorsiones de las Farc, armados éstos, que se denominaron “autodefensas” y que muy pronto realizaron que el gran poder que confieren las armas podía utilizarse para provecho propio en toda clase de actividades ilícitas.

Mientras tanto, las Farc, que siempre se opusieron a las Convivir que dificultaban su acción criminal y, con mayor razón, a las autodefensas que las combatían con su misma violencia criminal, las llamaron “paramilitares” para identificarlas con el gobierno. A este remoquete contribuyó el que algunos militares, frustrados ante la falta de decisión de los gobierno en combatir a la guerrilla, les dieran, en casos aislados, alguna ayuda. A tal punto ha hecho carrera el mote de “paramilitar” que hoy, desatinadamente, se acostumbra denominar así las bandas criminales sin que, obviamente, tengan el menor respaldo de las autoridades, lo que contribuye a que, especialmente en el exterior,  las Farc identifiquen al gobierno colombiano con grupos delincuenciales. Hay que ser conscientes de lo que significa “paramilitarismo” y de que una banda criminal no lo es.

Prueba contundente de esto es el embuchado que Farc y Gobierno quieren, según sus acuerdos de La Habana, incluir en la Constitución: un artículo mediante el cual se prohíbe, “como garantía de no repetición… la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, financiación, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento de grupos civiles armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares” como si hoy esto fuera prohijado por el Estado. 

En contundente artículo María Isabel Rueda (El Tiempo, 13-8-201) analiza muy bien en sus consecuencias la “ridícula e inocua propuesta.” ¿Será que este orangután será aprobado por nuestros congresistas, sin mayor debate en rápidas votaciones,  para satisfacer a las Farc?