La cautela con la cual procedieron muchos países a partir de la medianoche del 28 de julio se ha ido disipando y ya algunos como Estados Unidos, por intermedio de su subsecretario de Estado, han hecho saber que consideran que Edmundo González Urrutia es el presidente legalmente elegido en Venezuela.

Lo propio viene ocurriendo con otros países, organizaciones multilaterales y no gubernamentales con alguna experiencia reconocida en el terreno de la observación electoral, como es el caso del Centro Carter, cuya competencia en estas materias no se pone en tela de juicio.

¿Qué sigue después de la ausencia de reconocimiento a la legitimidad y legalidad de la presidencia de Maduro? Pues sin duda es mucho mejor para la democracia latinoamericana, y en general la del mundo, que el dictador no pueda contar con apoyo significativos que le den juego en el nivel internacional y, por supuesto, se espera que ello no ocurra como ha venido siendo el caso en el nivel nacional

¿Cómo lograr la eficacia que se está buscando con las decisiones de la comunidad internacional? Pues un requisito indispensable es el de una contundente actitud interna, no sólo de instituciones claves sino del propio electorado que se siente vulnerado por el desconocimiento de su justificada victoria electoral. Sí como lo ha dicho públicamente la OEA, Venezuela está viviendo una situación aberrante, el problema está en cómo no hacerla aún más deplorable. Como evitar, lo cual es muy difícil, que el pueblo victorioso pague con el exilio y una vida familiar de subsistencia haber logrado que se estableciera la posibilidad de una justa transición a la democracia.

Difícil para la comunidad internacional cobrar esta descomunal violación de los derechos democráticos con sanciones que perjudiquen a los miembros valiosos de esa democracia. Existe amplia evidencia sobre el efecto limitado de un sistema de sanciones económicas. Se conocen las escandalosas violaciones aún de países muy respetables de este sistema sancionatorio, con respecto al cual hay mucho escepticismo. Habrá que refinar el pensamiento en esta materia para no incurrir en fallas como las que caracterizaron lo ocurrido en favor de Irak luego de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad. Un minucioso libro describe con precisión lo que ocurrió que no es, precisamente, lo más recomendable. Está basado en una investigación ordenada por Naciones Unidas, quién creó el comité independiente de investigación presidido por Paul Volker, expresidente de la Reserva Federal y quien escribió un apabullante prólogo sobre lo que la comisión encontró y por Richard J Goldstone, eminente jurista Sudáfrica y Mark Pieth, el muy respetado investigador en materia de corrupción.

Los hallazgos son muy fuertes. Cito tan solo algunos de los que aparecen en la contra carátula. Más de 2200 compañías pagaron 1.8 billones de dólares en sobrecostos y sobornos al régimen. El Consejo de Seguridad permaneció desinteresado mientras el régimen contrabandeaba cerca de 8.4 billones de petróleo durante el programa en violación de las sanciones de Naciones Unidas. Agencias humanitarias de la organización coleccionaron millones de dólares por costos en los cuales nunca incurrieron y por construcción de fábricas en Irak que no eran necesarias o que nunca funcionaron. Good Intentions Corrupted es parte del título de este libro.

La Unión Europea sigue esperando las Actas Electorales que sustenten el más que controvertido resultado anunciado.

A las malas, había dicho Maduro que estaba dispuesto a ganar y ya las manipulaciones denunciadas, los abusos cometidos, el creciente número de muertos, el muy numeroso de heridos y el de llevados a prisión... El reclamo en favor de encarcelar a González Urrutia y a María Corina Machado dejan pocas dudas sobre lo que falta... ¡Mucho, muchísimo que aprender!