Muy grave lo que pretende el gobierno con la complicidad de unas bancadas amigas de aprobar a la volandas el proyecto de ley de Orden Público (No. 418) para darle herramientas al presidente (art.17) dentro del llamado impulso por la “paz total” -empeño más rimbombante que posible- y poder llegar a indultar a los vándalos y terroristas condenados dentro del famoso y mal llamado “estallido o protesta social”. Está bien que seamos un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista,  que facilita la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, pero no podemos olvidar que existen unos valores fundantes, como el respeto de la dignidad humana, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden jurídico, y que las autoridades de la República no pueden desmayar en su misión de proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes.

Pero el hecho de residir la soberanía exclusivamente en el pueblo y que todas las personas tengan derecho al libre desarrollo de su personalidad no desactivan las talanqueras que imponen los derechos de los demás y el orden público. So pretexto de hacer valer sus derechos ese pueblo no se puede arrogar la facultad de atropellar impunemente a las autoridades legítimamente constituidas y a los demás ciudadanos. Está bien que la Constitución faculte al pueblo para reunirse y manifestarse públicamente, pero el mandamiento dice que debe hacerlo pacíficamente, y hasta el infortunado Acuerdo Farc - Santos privilegia la movilización social y la protesta pacífica como “ejercicios legítimos” y se les da status de derecho fundamental, que no puede suspenderse ni siquiera en estados de excepción, por entrar al bloque de constitucionalidad. 

Contrario sensu, mal podríamos indultar a quienes han protagonizado en las calles un “ejercicio ilegítimo” de esas protestas, porque allí existe criminalidad (recordemos que hasta asesinaron e intentaron incinerar agentes de policía dentro de sus CAIS) y sería un precedente funesto para las pretensiones de esa misma “paz total” que se venga a premiar de tal manera a los violentos, porque ello desembocaría en un “caos total” y miles de delincuentes callejeros condenados (ladrones de celulares, rompevidrios, asaltantes, viles raponeros) verán la forma de subir de estatus hacia la “primera línea” para decir que su conducta se produjo en el marco de las protestas sociales y por el principio de la igualdad alegarían su derecho a beneficiarse de la repartija de indultos. 

Post-it. ¿Y qué seguiría luego de indultar a los vándalos? Pues legalizar el narcotráfico y, por supuesto, la rebelión, la sedición y la asonada, obviamente con efectos retroactivos, para cobijar a los alzados en armas y poder así decretarles impunidad total a cambio de que entreguen sus armas, pues la “paz total” lo puede todo pero, seguramente, el mecanismo no irá a operar hacia futuro, cuando le toque al Régimen defenderse de quienes pretendan zarandear sus propios andamios. Porque este Régimen ha pretendido “justificar” el accionar de los violentos anteriores, pues representan a la clase desvalida, marginada y desigual ¿pero qué dirá de los violentos del futuro, si los hubiere, allí también el mindefensa Velásquez ordenará frenar el accionar de la Fuerza Pública?