Ya era hora en que el Congreso aprobara una ley que endureciera las penas a aquellos infractores y criminales que, abusando de la laxitud del Estado, hacen de las suyas sembrando terror y muerte en la gente de bien, quedando esos delitos en la impunidad para ser recurrentes por falta de castigo y control de las autoridades.
Es muy alto el número de eventos criminales que a diario se cometen en el país, siendo Bogotá, Medellín y Cali unas de las principales ciudades que padecen este flagelo, sin que otras escapen a ello. El ladrón se ha convertido en asesino, pues para ellos la vida no tiene valor alguno, no vacilan en matar a cualquier persona sin importar su edad con el propósito de robarle su celular, bicicleta o el bolso que lleve.
Pero independiente de esta acertada ley que endurece las penas, está la situación de la justicia, pues en Colombia vale más el milímetro normativo que el kilómetro de justicia. Los jueces de garantías aplican la ley casi siempre en beneficio del criminal, favoreciéndolo con la libertad condicional o definitiva al malhechor, por dizque falta de pruebas o captura ilegal, como también por no tener identidad del sujeto apresado, modalidad que ha tomado curso y de 10 casos 9 terminan en libertad, volviendo a delinquir a sus anchas sin importar el tipo de delito, sea robo, lesiones o asesinato. Casi siempre terminan sueltos.
Aparte de lo anterior, que son crímenes para beneficio personal, están otros que siendo también delitos contra la ciudadanía y el bien publico, de igual manera esta nueva ley los endurece, me refiero al vandalismo, a aquellas personas que en nombre de una protesta y amparadas en una ideología que reza que “toda forma de lucha es válida”, destrozan estaciones, buses y bienes públicos, que son patrimonio de la gente.
Pues bien, esta oportuna ley pone en cintura a aquellos vándalos y a sus patrocinadores, mas aun si son funcionarios públicos o de elección popular, pues estos no están llamados a subvertir el orden incitando y pagando revoltosos en nombre de una protesta. Esos incitadores son aun mas responsables del delito, porque ellos promueven el crimen, el desorden y la anarquía siendo pagos con dinero de los contribuyentes.
La democracia no permite el uso del poder legislativo o ejecutivo para promover el desorden y la anarquía. Los delincuentes son delincuentes y deben ser tratados como tal, bien sea el que tira la piedra o el que incita a tirarla, por eso aquellos que se infiltran en medio de una protesta pacifica y legitima para crear el caos y destruir la infraestructura de las ciudades en nombre de una ideología o inconformidad, son agresores que deben ser castigados con severidad si queremos tener un país que avance culturalmente y en paz.
Ahora bien, promulgada la ley es asunto de cumplirla, hacerla sentir y que ella proteja a los colombianos de bien y castigue a los criminale.