Los abusos del crédito
“Hora de que el Gobierno se decida a defender al consumidor”
EL consumidor se encuentra en clara desventaja frente a los proveedores de bienes y servicios que tienden a abusar de su posición dominante. El sector real no es el único susceptible de estos atropellos, los que se dan, y con gran frecuencia en el sector financiero y entidades que, sin ser de este sector, proveen facilidades financieras, tales como créditos de consumo. El caso de los bancos es de los más notorios, al punto que en España, en 1998, ellos mismos, conscientes de su mala imagen, instituyeron la figura del Defensor del Cliente (bancario). La banca colombiana siguió el ejemplo en 1995 copiando esta figura y se obligaron voluntariamente a designar defensores cuyas decisiones serían obligatorias para ellos y voluntarias para los clientes. Intervino entonces el legislador en 1998 e hizo obligatorio el nombramiento de defensores, dejando la obligatoriedad de sus determinaciones a la decisión de las partes, es decir, de los bancos, con el argumento, válido, de que pueden darse atribuciones jurisdiccionales a estas personas. Infortunadamente esto conllevó a que los bancos no aceptaran ya su sujeción a estos fallos. Después de varios cambios de legislación hoy las entidades financieras deben nombrar un Defensor del Consumidor Financiero cuya efectividad no ha sido mucha, debiendo los clientes afectados quejarse ante la Superintendencia Financiera, la cual, en los casos más importantes, rehúsa pronunciarse y difiere los casos a los jueces.
El cliente queda desprotegido ya que, ante un reclamo de, por ejemplo, dos millones de pesos y confrontado por la institución a un juicio ordinario, opta por resignarse. Pero los abusos no son sólo de los bancos por intereses leoninos o mal cálculo de los mismos, fraudes con las tarjetas de crédito o del cajero automático, sino de entidades de otros sectores que también otorgan créditos, como grandes almacenes, compañías de cobranzas, concesionarias de automóviles y otras, que escapan al relativo control de las Superintendencias.
En Estados Unidos acaba de aprobarse la creación de una entidad gubernamental, la Oficina de Protección al Consumidor Financiero, para hacer efectivas las medidas contra los excesos en este campo, sin necesidad de que los clientes tengan que entrar en costosos litigios judiciales. Tal vez valdría la pena en Colombia la creación de una entidad de esta clase, una nueva superintendencia que evite, antes de que los abusos se presenten, que la tasa de interés por el uso de una tarjeta de crédito no desborde la tasa de usura, que los contratos de crédito no contengan cláusulas leoninas, que se pueda cancelar la tarjeta fácilmente (conozco quienes llevan meses en este trámite), que los préstamos no sean “predatorias” (los que se sabe, de entrada, que el cliente difícilmente podrá pagar, para cobrarle luego altos intereses de mora). Es hora de que el Gobierno se decida a realmente defender al consumidor financiero.