Justicia enferma

Nuestra justicia es una desgracia de la que todos somos conscientes y que cualquier ciudadano en la calle puede corroborar, lo que se comprueba con los índices mundiales de lentitud e ineficiencia de 183 países objeto de una muestra del Banco Mundial: la justicia colombiana es la sexta más lenta del mundo (178) y es la 150 en eficiencia. No solo esto, la seguridad jurídica desaparece diariamente con la Cortes legislando, interpretando la Constitución y las leyes según sus convicciones personales, determinando la Corte Constitucional que su jurisprudencia es obligatoria y que apartarse de ella puede constituir el delito de prevaricato, ordenando al legislativo cuándo y cómo legislar, anunciando sentencias en conferencias de prensa pero cuyos textos se conocen solo meses después. Mario Aranguren, siendo director de la DIAN, dijo a este último respecto “Esto da a pensar que primero la Corte saca un comunicado de prensa para ver las reacciones y después redacta las sentencias”. El constitucionalista Juan Manuel Charry ha dicho que “La Corte se ha transformado en un actor político, que con el pretexto de garantizar las disposiciones constitucionales rebasa sus límites”. Contribuyen al desprestigio de nuestra justicia excesos como los nombramientos de familiares y las nominaciones de magistrados auxiliares por corto tiempo que causan altas pensiones, cuyo costo calcula la revista Semana en $ 140.000 millones. El término promedio de un proceso en Colombia es 1.346 días y en Latinoamérica 707 (Singapur 150). Se calcula que para ponerse al día se necesitan 10 años al ritmo actual. Para colmo, muchos abogados dilatan los procesos interponiendo recursos improcedentes buscando (y obteniendo) prescripciones. Esta inoperancia de la justicia es factor importante de descontento que mina la democracia y en lo económico desestimula la inversión.

Se habla de nombrar más jueces para acelerar los procesos, aunque allí no está la falla. Colombia tiene 11 jueces por cada 100.000 habitantes, una proporción mayor que en Francia, España, Brasil o Chile, entre otros. Se dice también que hay que incrementar el presupuesto de la rama, pero le dedicamos el 0,9% del PIB, más que en Gran Bretaña, Alemania, Brasil o México. Para lograr una justicia más eficiente se necesita que los juzgados trabajen más, los jueces asistan más a sus oficinas, dediquen menos horas a la docencia (deberían prohibírsela), los magistrados viajar menos y consagrarse a sus labores, tener menos injerencia en procesos políticos (nombramientos de altos funcionarios) que los sujeta a nocivas influencias. El enorme incremento en el gasto presupuestal que seguramente lograrán los miembros de la rama con la huelga actual no contribuirá en nada al logro de una mejor justicia, pero sí añadirá dos o tres semanas adicionales al atasco y a la descomunal impunidad (liberaciones por vencimiento de términos) e incrementará el tráfico de influencias para obtener nombramientos. ¿Qué gobierno hará una verdadera reforma a la justicia?