El Ministerio de Hacienda presentó para comentarios un proyecto de decreto que permitirá a la Nación asumir una deuda de $2 billones por concepto de opción tarifaria, beneficiando a los estratos 1, 2 y 3.
Esta medida, que estará abierta a comentarios hasta el 6 de agosto de 2024, busca aliviar la carga tarifaria de más de 27 millones de suscriptores en todo el país, especialmente aquellos en la costa Caribe.
Según el documento, los recursos serán entregados a través de Findeter, que establecerá las garantías necesarias para las empresas de distribución y comercialización de energía eléctrica que accedan a la línea de crédito con tasa compensada. Entre las empresas beneficiadas se encuentran Caribemar-Afinia, Grupo EPM, Air-E, CHEC, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, Empresa de Energía del Quindío y Vatia.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había adelantado en mayo que la Nación asumiría esta deuda, una acción que se espera reduzca las tarifas de energía entre un 4% y un 20%, dependiendo de la empresa prestadora del servicio. "Con estos recursos se apoyará a las empresas que tengan saldos vigentes de opción tarifaria con corte al 30 de noviembre de 2023, la cual asciende a cerca de $5 billones", detalló el Ministerio en el documento.
El decreto establece que de los $2 billones, $1 billón será financiado con cargo a las apropiaciones presupuestales de 2023, mientras que el otro billón provendrá de la provisión presupuestal de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Estos recursos estarán disponibles para las empresas durante un período de hasta 10 años, con un año de gracia a capital y una tasa de interés de IBR+2% mensual vencido.
El proyecto también resalta que los fondos serán destinados exclusivamente para capital de trabajo y/o liquidez, y solo podrán acceder a ellos las empresas de distribución y comercialización de energía eléctrica que hayan aplicado a la opción tarifaria regulatoria establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
La consulta pública de este proyecto de decreto es una oportunidad para que los diferentes actores del sector energético y la ciudadanía en general puedan revisar y aportar comentarios que contribuyan a la mejora de esta importante medida económica y social.