CUANDO YA se calienta el ambiente laboral en las empresas, Gobierno y gremios, dada la apertura de las negociaciones para el aumento del salario mínimo, un estudio académico señala que, pese a que este valor sigue siendo una referencia importante, su impacto real es limitado, ya que no ha mejorado significativamente los ingresos de los trabajadores ni ha reducido la informalidad.
Además, se ha observado una disminución de los salarios medios en relación con el salario mínimo, lo que indica una pérdida del poder adquisitivo, incluso en sectores formalizados.
Precisamente, el análisis considera que las disparidades salariales y de formalidad entre regiones del país también son notorias, con algunas zonas, como Bogotá y Antioquia, manteniendo niveles más altos, mientras que otras han experimentado un deterioro.
El informe especial realizado por los expertos Mauricio Salazar, Juliana Morad y Daniel López, del Observatorio Laboral y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, indica que, para este análisis, se tuvieron en cuenta datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) correspondientes a 2013 y 2023, comparando variables salariales clave en el mercado laboral colombiano.
Los datos revelan desigualdades salariales significativas entre las zonas urbanas y rurales, así como entre los sectores formal e informal, que reflejan tendencias preocupantes en el mercado laboral colombiano.
Regionalización del salario
Otro factor que consideran importante los expertos, es que “frente a estos desafíos, se propone un enfoque integral en la política salarial, que considere las disparidades regionales y sectoriales. Esto implicaría un ajuste del salario mínimo basado en la inflación y la productividad, junto con un modelo de salarios diferenciados por regiones y la promoción de negociaciones salariales sectoriales en grandes empresas. Estas medidas buscan mejorar la equidad salarial y fortalecer la formalización laboral sin afectar la sostenibilidad del empleo”.
“Una regionalización del salario mínimo permitiría que las particularidades de cada área sean consideradas, ajustando los incrementos de manera más equitativa y acorde con las realidades locales, tal como lo han sugerido los hallazgos sobre las disparidades salariales persistentes entre zonas del país”, manifiestan.
Por sectores
Por otra parte, señalan que, además, “una alternativa más equitativa para mejorar los salarios y los ingresos de los trabajadores es la implementación de la negociación sectorial, adaptada al tamaño de las empresas. Este enfoque permitiría que los sindicatos y empleadores con mayores capacidades de pago acuerden condiciones salariales justas y sostenibles, sin imponer cargas excesivas a las micro y pequeñas empresas. De esta manera, se fomentaría un incremento en los ingresos laborales de forma más equilibrada y se reducirían los riesgos de impactos negativos en las empresas más vulnerables, fortaleciendo al mismo tiempo la estabilidad económica y laboral del país”.
Referente a las regiones, los investigadores indican que, en las grandes ciudades, los ingresos en el sector formal han disminuido ligeramente, pasando de 2,69 salarios mínimos en 2013 a 2,68 en 2023, manteniéndose en niveles similares a los de hace una década.
Sin embargo, la situación en la informalidad es mucho más alarmante: el salario promedio ha caído de 1,44 salarios mínimos en 2013 a 1,15 en 2023, lo que refleja un empeoramiento considerable de las condiciones salariales en el sector informal de estas ciudades.
Asimismo, en las ciudades medianas, se observa una tendencia negativa tanto en la formalidad como en la informalidad. En el sector formal, el salario promedio ha disminuido de 2,34 salarios mínimos en 2013 a 2,08 en 2023, y en la informalidad ha pasado de 1,28 salarios mínimos en 2013 a 1 en 2023, lo que demuestra una notable reducción de los ingresos de los trabajadores en estas áreas.
Zonas urbanas
En otras zonas urbanas, el salario en la formalidad ha disminuido de 2,18 salarios mínimos en 2013 a 1,81 en 2023, mientras que en la informalidad ha caído de 1,02 salarios mínimos en 2013 a 0,82 en 2023, lo que indica una significativa reducción de los ingresos tanto en el sector formal como informal en estas regiones.
En las zonas rurales, aunque se observa una ligera mejora en la formalidad, donde el salario promedio ha pasado de 1,49 salarios mínimos en 2013 a 1,50 en 2023, en la informalidad ha habido una caída, pasando de 0,76 salarios mínimos en 2013 a 0,67 en 2023, lo que refleja un retroceso en los ingresos de los trabajadores informales en estas áreas.
Sin duda, las diferencias regionales y sectoriales siguen siendo una característica central del mercado laboral colombiano, y la revisión del salario mínimo debe tomar en cuenta estas variaciones. Las grandes ciudades han experimentado una caída alarmante en los salarios informales, mientras que las ciudades medianas, otras zonas urbanas y las áreas rurales también han mostrado reducciones salariales.
Ante este panorama, los investigadores consideran que “es fundamental hacer un llamado a la responsabilidad y prudencia al fijar el incremento del salario mínimo. La evidencia económica muestra que aumentos significativos en el salario mínimo legal pueden tener efectos adversos sobre los trabajadores informales, quienes representan el 55,9% de la fuerza laboral en el país”.
Los ingresos
En el informe se destaca que “además, este tipo de incrementos no garantizan necesariamente una mejora en los ingresos de los trabajadores colombianos en general. Para lograr un impacto positivo y sostenido en los ingresos laborales, se necesitan medidas complementarias y alternativas al simple aumento del salario mínimo, que aborden de manera integral las condiciones del mercado laboral y promuevan el crecimiento económico y la formalización del empleo”.
Por otra parte, uno de los hallazgos relevantes es que, a pesar del aumento en el nivel educativo, los salarios no han mejorado proporcionalmente, lo que refleja un problema estructural en el mercado laboral, donde incluso los trabajadores con educación superior enfrentan ingresos reducidos.
Además, persisten las desigualdades de género, con las mujeres enfrentando mayores dificultades para acceder a salarios más altos, especialmente en el sector informal.
La informalidad
Mencionan que “la informalidad sigue siendo un reto estructural importante, con una caída significativa de los ingresos en este sector, especialmente en ciudades medianas y rurales”.
Respecto a lo que debería ser el aumento para el 2025, los investigadores indican que “el incremento del salario mínimo debería ser, al menos, equivalente al IPC proyectado en un 5,2%, más el aumento de la productividad. Además, se debe abrir la discusión sobre salarios regionales y, en caso de que las centrales sindicales insistan en aumentos adicionales, esto debería llevar a la mesa de concertación a promover negociaciones sectoriales y en empresas de gran tamaño, para evitar afectar a las medianas y pequeñas empresas”.
A pesar de los incrementos en el salario mínimo legal, estos no se han traducido en una mejora significativa de los ingresos de los trabajadores ni han impactado positivamente la estructura salarial en el país. Por el contrario, y a pesar de que se han realizado incrementos amplios al salario mínimo, a lo largo de la última década, el salario medio de la economía ha mostrado una ligera, pero preocupante tendencia a la baja en su proporción respecto al salario mínimo.
Ojo con los incrementos
Problemas como la falta de productividad, la informalidad persistente, las desigualdades de acceso a empleos formales y la limitada capacidad de las empresas para aumentar los salarios por encima del mínimo no se resuelven con esta medida. En lugar de mejorar la situación general, un aumento desproporcionado del salario mínimo podría hacer más difícil la contratación formal y desalentar la transición de la informalidad a la formalidad.
El incremento al salario mínimo, en su forma actual, presenta características regresivas al imponer la misma carga salarial a todos los empleadores, sin considerar sus capacidades de pago, utilidades o el tamaño de sus operaciones. Esta medida uniforme genera una inequidad inherente: los empleadores con una mayor capacidad financiera no enfrentan un aumento proporcional a sus posibilidades, mientras que aquellos con recursos más limitados se ven presionados por exigencias desproporcionadas que pueden llevarlos a la informalidad o incluso a la quiebra.