DE ACUERDO a cifras de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, uno de cada tres estudiantes en el mundo sufre de matoneo escolar o bullying. Este flagelo en Colombia se agudiza, pues por lo menos 7 de 10 menores son propensos a ser víctimas de acoso escolar, definido por conductas como la discriminación, violencia física, verbal o sexual que se presentan de manera repetitiva.

Asimismo, datos de PISA y el Sistema Unificado de Convivencia Escolar (Suice), en Colombia, al menos el 23% de los estudiantes habían denunciado casos de acoso escolar, siendo el segundo mayor índice en Latinoamérica por detrás de Costa Rica. Solo entre 2020 y junio de 2024, en el Suice se reportaron 7.963 casos, de los cuales 5.158 víctimas quedaron con daños psicológicos.

Por lo anterior, tanto los ministerios de Salud, Educación y las instituciones educativas han puesto en marcha diferentes estrategias y planes para mitigar este problema de las aulas escolares. En esta línea, el Colegio Bilingüe José Max León, de Cota, Cundinamarca, se ha posicionado como uno de los principales abanderados de una educación en la que el acoso no se presente en las instituciones educativas.

Sus labores, a través del programa SER (Social, Empathic, Responsible) ha instalado una política de prevención y acción frente a casos de bullying o acoso escolar. El SER ha servido a la institución para reducir de manera significativa los casos de acoso, lo que los llevó a ser reconocidos con la Certificación Internacional de Sistema de Gestión anti bullying bajo la norma UNI/PdR 42 de 2018, avalada por el Ministerio de Justicia italiano, el Tribunal de Milán, FIDAE y ACCREDIA, organismos de acreditación de ese país.

Javier Albornoz, rector de la institución, dijo a EL NUEVO SIGLO que “la norma italiana está orientada a generar en las instituciones todas las dinámicas que le permitan la prevención”. En ese sentido, “dentro de las variadas condiciones está, lo primero, es que todas las personas adultas del colegio debemos tener la posibilidad de observar, identificar cualquier situación que pueda ser asociada al fenómeno de acoso escolar”.

Siguiendo estos lineamientos y buscando acabar con el flagelo, el Colegio constituyó la “Comisión Antibullying” conformada por “psicólogos, un equipo jurídico, un equipo pedagógico que atiende esas notificaciones que ingresan por los canales, como la página web o los botones de alerta para todos los grupos por población”, dijo el rector.

“Lo que entra por esos canales se analiza en una comisión en donde hay una diversa gama de profesionales, se hace el análisis, se establece en cuáles son las estrategias, se establece cuáles son las formas de atenderlo”, definió Albornoz sobre el programa de atención a los casos.

Medidas desde el Congreso

Atendiendo al creciente número de casos de acoso escolar en las instituciones colombianas, desde el Senado de la República se busca una modificación a las leyes para impulsar normativas de protección a los menores, además de la detección y prevención de casos de bullying en el país.

Una de ellas es el proyecto de ley 254 impulsado entre otros, por el senador Carlos Eduardo Guevara de el Partido MIRA. El congresista argumentó en EL NUEVO SIGLO que la propuesta busca “reglamentar los delitos cibernéticos que hoy existen en Colombia, muchos de ellos afectan a nuestros menores de edad y adolescentes, estamos hablando del sexting, el ciberbullying, el ciberacoso, también que por medio de las plataformas tecnológicas”.

Además, referente al bullying, Guevara señaló que “lo que queremos es que los niños y niñas y adolescentes tengan la posibilidad de tener un sistema de acompañamiento ante cualquier caso de bullying”. Asimismo, puntualizó que “necesitamos fortalecer todos los actores pedagógicos, todas las redes de atención en los entornos escolares para que nuestros niños puedan tener las garantías de que, si están siendo objeto de cualquier tipo de bullying, que ellos tengan la oportunidad también de tener un sistema que los acompañe en este proceso”.

Con esto claro, la propuesta del proyecto buscaría, referente a los casos de acoso escolar, “campañas pedagógicas de formación, cultura, cultura al respeto, de competencia con respeto, que podamos nosotros crear ambientes escolares con mucho respeto”.

Su postura se suma a la política del Colegio José Max León quienes justamente piden “generar programas de capacitación, programas de trabajo con diferentes actores de la sociedad para que entiendan con claridad cuáles son las consecuencias y el impacto que está generando el acoso escolar en los estudiantes”.

Por su parte, la Procuraduría ha intensificado su lucha contra este flagelo, razón que ha llevado a este organismo a “verificar la efectividad de los protocolos de atención y protección de los derechos de los estudiantes”, luego de encontrar en su más reciente visita a 300 instituciones educativas “1.515 casos de acoso escolar/bullying, 610 casos de violencia sexual y 399 situaciones de ciberacoso”.

Las cifras dejaron como resultado una clara “necesidad urgente de abordar esta problemática, especialmente cuando una parte significativa de las situaciones conocidas involucra a estudiantes como presuntos agresores”. El reporte también indica que muchas de las instituciones directamente no cuentan con un protocolo de detección de violencia, por lo que hizo el llamado al Ministerio de Educación, y como tal, a las instituciones, a generar estrategias para mitigar los casos de este flagelo en el país.

Finalmente, el llamado desde los diversos actores es a “ser protectores y ser garantes del cuidado y del bienestar de los niños, de las niñas y de la sociedad. Debe ser toda la sociedad entendiendo y generando estrategias para atacar el problema de manera contundente”.

El bullying como delito

Aunque en Colombia el bullying no se define como delito, una sentencia emitida por parte de la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2023 permite entender que “puede considerarse un delito penalmente sancionable, cuando el bullying implica actos de humillación, ridiculización y violación de la dignidad de una persona”.

En ese sentido, según la determinación de la sala de casación, los actos cometidos contra el menor, no identificado con nombre propio, constituyeron un delito al ser considerados de carácter de acoso sexual. En esta, solamente un agresor fue condenado, a pesar que el acto sexual contó con otros dos menores como testigos.

Asimismo, la sentencia T-478 de 2015 llevó a una revisión y modificación de los estatutos y manuales de convivencia de los colegios a solicitud de la Corte Constitucional en el marco del caso Sergio Urrego, quien se suicidó a causa de actos discriminatorios en su institución educativa.

Sin embargo, el impacto de los casos no constituye como tal estos actos en un delito, y futuras sentencias quedan a consideración de los diferentes órganos de control, entre ellos la Fiscalía, sí puede optar por una condena penal o una medida correctiva por acto no delictivo, siempre basados en el principio de transgredir la integridad de una víctima.