Las mazmorras colombianas 

La cárcel de Barranquilla es paradójica: se llama La Modelo y una visita para verificar los derechos humanos motivó un motín por una banda de reclusos que controla el patio, los “satánicos”, e interesada en que ellos no se investigaran (!) en cuyo desarrollo los presos prendieron fuego a colchones y sábanas, desencadenando un incendio que produjo once muertos y 50 heridos según balance provisional. Esto ocurrió en un Pabellón que debería albergar no más de 196 presos y tenía 716, un exceso del 295%. Las ONG que velan por el cumplimiento de los derechos humanos se interesan mucho por los derechos de los guerrilleros pero poco en la violación más flagrante de ellos, los derechos básicos de los presos. En casi todas las cárceles del país los internos están hacinados como animales, sí, como animales. Las fotos nos muestran cómo viven y duermen, en un ambiente propicio a todas las enfermedades, sin el menor respeto por la dignidad humana, sujetos a la violencia de las bandas que se forman y a la corrupción que impera. Si el preso tiene dinero, a lo mejor puede comprar hasta una celda y también protección física, lo mismo que “lujos” como teléfonos celulares, licores o droga y pueden, incluso, manejar desde allí sus “negocios” de extorsiones, drogas, etc., son verdaderas universidades del delito. Si el reo es suficientemente rico puede construir su propia prisión, como hizo Pablo Escobar en 1991. Cuando ocurre una tragedia como esta se piensa, para disminuir el hacinamiento, en liberar delincuentes (ladrones, atracadores, y otros que continúan su acción criminal). La misma lógica de los alcaldes de restringir la circulación de automotores en lugar de construir nuevas vías. Ya en 1998 la Corte Constitucional, mediante un fallo de tutela, había dado al ejecutivo un plazo de cuatro años para garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas. Seis años después el problema sigue, tal vez peor. No hay presupuesto, dicen. Asignar las partidas necesarias es más urgente que tantos otros gastos y subsidios (la mermelada) que nuestros gobernantes hacen. La solución no es acortar las penas, liberar a los criminales o darles detención domiciliaria (como a “Cesarín”, condenado a 20 años por homicidios y otras lindezas, por ser “cabeza de familia”, quien desapareció al poco tiempo). Por el contrario, tampoco es racional llevar a prisión a personas que no han sido juzgadas cuando no representan peligro para la sociedad alegando que “pueden influenciar” a los testigos, como si esto no lo pudieran hacer desde la prisión. Se necesita urgentemente una reforma carcelaria y más presidios, aunque esto no dé muchos votos. Hay que elaborar alternativas para delitos no violentos como existen en otros países, tales como el “sursis” francés o la “probation” anglosajona. La inversión en el sistema carcelario debe tener la prioridad que merece.