EL POBRE PACIENTE COLOMBIANO
Abusando de los enfermos
COLOMBIA reconoce el derecho a las patentes, es decir, a la exclusividad en la producción y venta de las invenciones, dentro de las cuales se incluye el desarrollo de fármacos, pues considera justo que quienes han invertido tiempo y dinero en investigaciones que condujeron a su desarrollo deben ser protegidos contra quienes, sin invertir nada, quieran luego medrar de sus esfuerzos. Pero es universalmente admitido que hay casos en los cuales esta protección puede ser abusada y que entonces se justifica hacer excepciones a la regla.
Se puede entonces someter una patente al régimen de “licencia obligatoria” caso en el cual se otorga permiso a otros para producir el medicamento, sin autorización del titular de la patente, pero sin “menoscabar el derecho del titular de la patente a seguir explotándola”, es decir, se le deberá pagar por su utilización. Así lo reconoce la legislación de la Comunidad Andina (Art. 65) y nuestro Código de Comercio (art. 565) establece que son “de interés social o utilidad pública las patentes relacionadas con la salud pública o la defensa nacional”.
Estas consideraciones vienen al caso ahora que el Ministro de Salud, ante la negativa de la farmacéutica Novartis de reducir el exagerado precio de su fármaco imatinib (Glivec) contra la leucemia, inició el trámite para declarar la licencia obligatoria. Como es natural, Afidro, asociación que agrupa a las grandes farmacéuticas en Colombia, salió a oponerse a la iniciativa, aunque con argumentos inválidos. Uno, que el Gobierno no tiene derecho a otorgar licencias obligatorias en el caso de precios.
El abuso de los precios, especialmente en un país con bajo poder de compra es básico para la salud de los habitantes y muchas jurisdicciones han acudido a estas licencias, los Estados Unidos estudia, por ejemplo, controlar los precios ante abusos como los de la firma Valeant que incrementó sus medicamentos en 66% en 2015 y una droga para la diabetes, Glumetza en un 800%. Entre nosotros, ya en 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de $15.000 millones al mayorista Audifarma S.A. por vender medicamentos por encima de los precios máximos autorizados.
Otro argumento de Afidro, el que si se declara la licencia obligatoria no se traerían nuevos medicamentos esenciales a Colombia, es ingenuo, muchos países han otorgado licencias obligatorias y ninguno ha sufrido porque no hayan podido adquirir medicamentos, inmediatamente se otorgaría licencia obligatoria para estos y tendríamos varios productores de genéricos compitiendo en nuestro mercado. Y el peor, que no merece comentario: que estando la droga en el POS, no son los ciudadanos los que la pagan, sino las EPS. Los abusos de las farmacéuticas llenarían libros, ojalá que el Ministro otorgue pronto esta licencia obligatoria.