La semana pasada salieron dos artículos sobre el proyecto de presupuesto para 2018, ambos para enmarcar. Uno es de José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario y el otro de Juan Lozano, exsenador y director de uno de los programas televisivos de opinión más escuchados. Ambos son intelectuales de quilates, preocupados por la suerte de la nación y ambos críticos del proyecto de presupuesto. El primero dice que le cuesta entender cómo se ha hecho la distribución de los rubros en la era del posconflicto, sacrificando ciencia y tecnología (41.5%), cultura (13.7%), deporte (60%), agro (28%), ambiente (25%), y otros que caen en porcentajes importantes y, en cambio, aumentan los gastos de funcionamiento (la Presidencia recibirá $152 mil millones más en 2018). Lozano, que fue senador, conoce los intríngulis del proceso de aprobación del presupuesto en los ámbitos recónditos entre las comisiones respectivas del Congreso y el Ministerio de Hacienda. “Lo que ahí opera -dice-- es una manada feroz que ante las cámaras escuchan peticiones en audiencias y luego, a oscuras, cámaras fuera, se reúnen en sesiones cerradas y encerradas con el ministerio de la plata para ‘balancear’ el presupuesto”. Y agrega: “es en ese momento cuando se van perfilando las partidas globales, pedazos de presupuesto que no se distribuyen a la luz del día, para que de noche y a escondidas sirvan de botín a quienes, a cambio de su tajada y con el pupitrazo de rigor, cerca de la medianoche le entreguen al Ministro los votos necesarios para que falsamente le vuelva a decir al país que se ha hecho un ejercicio muy cuidadoso y que se ha aprobado un presupuesto responsable”.
El país desperdició los años de la bonanza petrolera y los repartió a manos llenas como “mermelada” para asegurar la complicidad del congreso y cuando, súbitamente, los precios se vinieron abajo se vio sin los recursos necesarios, no digo para el desarrollo, sino para alimentar las inmensas fauces de las Farc. En el “acuerdo de paz” y en la “implementación” del mismo surgieron nuevas entidades, nueva burocracia, nuevos subsidios. Y para ello se sacrifican sectores vitales, indispensables para crecer en el futuro, como la ciencia y tecnología o tener satisfacciones deportivas como las que tuvimos en las Olimpiadas o en otros eventos deportivos.
Es de público conocimiento y no se puede tapar con las manos que el país atraviesa una crisis que ha afectado el consumo de la población y, con él, los otros índices económicos. El crecimiento, dicen los expertos, estará bien por debajo del 2%. Con ese índice de crecimiento será imposible sacar de la pobreza a millones de colombianos.
Entretanto, la balanza comercial está “desbalanceada”, a pesar del precio del dólar. No se ejercen controles para las importaciones de países que trabajan con mano de obra esclava y subsidian sus exportaciones afectando a los productores nacionales. Una empresa textilera tiene que cerrar porque acumula existencias que no puede vender gracias al contrabando. Los arroceros y otros agricultores enfrentan crisis porque, gracias a nuestro propio gobierno, sus costos no les permiten competir contra los productores extranjeros. ¡Qué vaina!
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Coda: Al gobierno distrital le caería bien una asesoría sueca o austriaca para que le enseñen a producir energía con las basuras que no se reciclan.