Las declaraciones exultantes de los grupos que han visitado el palacio de Nariño por estos días tienen todas un mismo estribillo: “diálogo por favor, diálogo rápido”. Lo que está bien. Pero dan a entender con ese estribillo que diálogo es equivalente a negociación. Y que iniciado lo primero se llega automáticamente a lo segundo.

En este equívoco puede radicar la mayor dificultad de las conversaciones que se están iniciando. Con ese mensaje, tanto en lo relacionado con la reforma tributaria posCarrasquilla como las orientadas a desactivar el paro nacional, se pueden estar despertando expectativas exageradas de arreglo que luego se transforman en desencanto.

Cuando comienzan los tan solicitados diálogos es justamente cuando las dificultades empiezan. A no ser que el gobierno (afanado y asustado por salirse pronto del lío que en buena parte él mismo se metió) empiece a entregarlo todo en una negociación atolondrada que puede dar al traste con la precaria estabilidad económica que le va quedando al país. Ojalá que el gobierno se tenga fino y esto no acontezca.

En el 2019 el gobierno se vio en calzas prietas para reconocerle personería al comité nacional de paro y para que los diálogos se denominaran “conversaciones” y no “negociaciones”. La Personería del comité nacional del paro (del que los indígenas se acaban de demarcar) nunca se ha acreditado, por cierto. El problema de fondo era y aún es la magnitud desmesurada de las pretensiones que contienen los pedimentos del comité nacional del paro.

En esta ocasión las dificultades son similares, aunque el gobierno ya anunció que se allana a “negociar” y no solo a “conversar”. Las peticiones se denominan ahora con un dejo de apremio “pliego de emergencia”, pero la distancia cuantitativa entre lo solicitado y lo factible continúa siendo inmensa.

Se ha conocido que el “pliego de emergencia” que sus autores denominan pliego de “exigencias” contiene lo siguiente: renta básica universal de un millón de pesos por seis meses que cubriría a 30 millones de personas con una asignación mensual por núcleo familiar de 1 millón de pesos aproximadamente y que tendría un costo del orden de 7,5 billones ( lo que representa casi $ 80 billones); subsidio a pequeñas y medianas empresas para sostenimiento del empleo; matricula cero en las universidades públicas (pedimento que el gobierno ya se apresuró a entregar unilateralmente como trofeo durante la visita presidencial a Cali); cero privatizaciones de activos públicos; hundimiento del proyecto de ley sobre salud y derogatoria del decreto 1174, abolición total de la fumigación con glifosato. Entre otras muchas cosas.

La pretensión más costosa es la de la “renta básica” que, aunque podría tener puntos de aproximación con lo que ya planteó el gobierno como “ingreso solidario ampliado”, continúa exhibiendo un costo financiero mucho más elevado.  

Cualquiera comprende entonces por qué la afirmación de que la estabilidad financiera del país dependerá de la sindéresis con que se adelante esta negociación y del pulso firme que demuestre el gobierno. Es necesario que la responsabilidad gubernamental prevalezca.

El futuro de las instituciones se va a jugar con estas negociaciones. Si el gobierno cede con facilismo, la estabilidad fiscal del país rodará hecha añicos y será muy difícil recomponerla luego. Y mucho menos con un gobierno débil en vísperas de un año electoral en el que florece el populismo como maleza por todas partes.

Y mientras tanto ¿qué? se preguntarán algunos. Pues -dirán- cualquier costo en que se incurra es inferior al de continuar con el paro. Acá es donde hay que trazar con aplomo los límites entre lo que es un diálogo y lo que es una negociación. Teniendo siempre presente que la autoridad del Estado no se puede meter en un refrigerador hasta que concluyan lo que pueden ser unas negociaciones dilatadas.  El ejercicio de la “autoridad serena” de la que alguna vez habló el presidente Mitterrand no puede entrar de vacaciones.

El caso típico es el de las barricadas que continúan cerrando algunas vías claves al momento de escribir este artículo. Cerramiento con el que se están dejando sin alimentos a las ciudades, a los hospitales sin oxígeno, y a 10 departamentos sin combustibles. Acá no pueden caber concesiones. Si el vandalismo no es expresión lícita del derecho a la protesta, tampoco lo es bloquear arbitrariamente las vías nacionales. Este es un comportamiento que está prohibido y puede configurar muchos delitos. Por ejemplo: si como consecuencias del bloqueo algún paciente muere por falta de oxígeno quienes están bloqueando las carreteras incurren en lo que se conoce como homicidio “preterintencional”. Se convierten en homicidas. La Fiscalía tiene el deber de judicializarlos, independientemente de cuáles sean los resultados a los que se llegue en las negociaciones con el comité del paro.

El gobierno nacional está en mora de ordenar a la fuerza pública la apertura impostergable de las vías: apertura que no se implora ni se reclama, sino que se ordena.