El infortunio de los planes Éxodo y Retorno es una realidad que, año tras año, pone a prueba la paciencia ciudadana, la infraestructura vial y la capacidad de las autoridades colombianas. Se ha convertido en un desafío constante para los encargados del sector, que hace presencia cada fin de semana festivo convertido en puente por mandato parlamentario, temporada vacacional o época de festividades regionales, pues las familias emprenden viajes hacia lugares de esparcimiento, buscando un merecido descanso.

Sin embargo, la alegría del viaje a menudo se ve opacada por el persistente problema de los trancones, un obstáculo que parece insuperable en nuestras vías nacionales.

Las recomendaciones para evitar los embotellamientos abundan: emprender el viaje más temprano, viajar en horarios atípicas o incluso adelantar el retorno un día. Sin embargo, estas estrategias suelen fracasar ante la masividad del flujo de viajeros.

Pero lo cierto y doloroso es que nuestra infraestructura vial está lejos de ser suficiente para manejar estos picos de movilidad. Las deficiencias en mantenimiento, la escasa señalización (a menudo deteriorada o vandalizada) y el mal estado del parque automotor, tanto público como privado, complican aún más la situación.

En las recientes festividades de fin de año, la situación se agravó debido a la simultánea ejecución de obras en las principales vías del país. Los contratistas, lamentablemente, no parecen conscientes de la gravedad del problema, no se ven planes de contingencia efectivos que mitiguen los impactos de las obras sobre el flujo vehicular. Todo parece recaer sobre los hombros de la Policía de Tránsito, que se esfuerza por gestionar cierres temporales y contraflujos, pero no dispone de los recursos ni del respaldo necesario por parte de los encargados de las obras.

Ante este panorama es imperativo que las autoridades locales, regionales y nacionales asuman su responsabilidad; la solución no puede depender exclusivamente de la policía o de los usuarios de las vías, es fundamental que se cree una coordinación integral que vincule a todos los actores: contratistas, autoridades de transporte, organismos de control y, por supuesto la ciudadanía. Solo un esfuerzo conjunto puede dar lugar a soluciones temporales que reduzcan el caos mientras se trabaja en estrategias a largo plazo.

Así mismo debemos empezar a pensar en un enfoque diferente hacia la planificación vial en Colombia, no basta con mantener y construir carreteras. Es indispensable prever y anticipar soluciones en momentos críticos, esto implica un cambio de mentalidad en todos los niveles: desde los responsables de las obras, hasta los usuarios.

No es aceptable que cada temporada de descanso se convierta en un calvario vial. Recordemos que la movilidad es un derecho que debe ser garantizado con eficiencia, previsión y compromiso, Colombia merece vías que estén a la altura de sus necesidades y de las aspiraciones de su gente.