Hoy nadie duda que algunos magistrados colombianos están gravemente politizados y que usan desvergonzadamente su poder en los tribunales como una eficaz arma política.

Es así como los hemos visto actuar astutamente, al mejor estilo de los lobos cubiertos con pieles de inocentes ovejas, en beneficio de personajes de su mismo pensamiento político e intentando hundir, sin miramientos, a quienes se atraviesen en la toma de poder de aquellos que llevan sus banderas. Astuta tetra ya usada por los comunistas del siglo XX, hoy muy bien aprendida y mejorada por los llamados socialistas del siglo XXI.

Realmente, intentar sacar a un enemigo del juego político, desacreditarlo, aun llevarlo a la cárcel, a través de bien montadas falsedades, es un arma poderosa dado el efecto multiplicador de las comunicaciones modernas y redes sociales.

Hoy es mucho más fácil manipular la opinión pública, superar derrotas en las urnas creando destructivas mentiras, filtraciones, montajes y trampas maléficas, para enredar o destruir a un contrincante. La mentira es claramente perniciosa, pues siempre queda algo de ella.

Algo especialmente perverso cuando lo hace un tribunal, un juez o un magistrado, quienes supuestamente deben ser garantes del debido proceso, la verdad y la justicia.

En una columna reciente el profesor Fernando Cepeda comenta una opinión de Benjamín Ginsberg, profesor de Ciencia Política de la Universidad Johns Hopkins: “Los competidores o rivales políticos no buscan conquistar más votos o mayor apoyo de los ciudadanos, sino desacreditar fatalmente a su adversario o llevarlo a la cárcel. Una forma de sacarlo del juego”.

¿Es acaso este el juego que pretenden desarrollar los cuestionados fiscales que manejan el caso en contra el expresidente Álvaro Uribe? Analizando la manera como se han filtrado las informaciones de la Corte a la prensa, la negación de la Corte a oír al expresidente en versión libre antes de llamarlo a indagatoria formal y tantos otros cuestionamientos que existen sobre la actuación de estos magistrados, queda muy claro que no están ejerciendo justicia como les corresponde, sino alta política.

Pero ahí no queda la cosa, recordemos como hace apenas unos meses se destapó lo que hoy conocemos como cartel de la toga. Desde ese momento se ha venido conocido como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la misma que hoy acusa a Uribe, negociaban y vendían, por nutridas sumas de dinero, carros, relojes y otros favores, sus fallos al mejor postor. Valga decir que muchos creen que solo se ha destapado la punta de algo mucho peor que involucra muchos más personajes de diferentes cortes.

Esta aberrante corrupción de nuestro sistema legal incluye también el cartel de los testigos falsos, manipulados por expertos bufetes de abogados para beneficiar a sus clientes. ¿Cuántos reos condenados por delitos atroces han vendido sus declaraciones por beneficios de todo estilo, dinero, modificación de sus casos, cambio de cárcel, mejoras carcelarias, o por simple odio o venganza contra quienes han sido actores en su castigo o extradición? 

No, estos magistrados que hoy acusan al expresidente no merecen la confianza de los colombianos. El caso está tiznado de intención política. Su comportamiento deberá ser trasparente e impecable. Colombia entera lo exige. Nada que ellos hagan pasará inadvertido. ¡Algo huele mal en la justicia colombiana! (como diría Shakespeare).