Se presentó la semana pasada la iniciativa legislativa de los ministerios de Justicia y del Interior por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto; es decir, la mano tendida para la paz total con las grandes bandas criminales dedicadas al narcotráfico, minería ilegal, asociación para delinquir, etc.

El proyecto es un dechado de generosidad con los delincuentes. A los que se encuentran condenados pagando pena, se les suspende la ejecución de la pena y se le sustituye por una más benévola entre cuatro y ocho años, que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz, la colaboración con la justicia, la reparación de las víctimas y la resocialización; para lo cual debe firmar una acta individual de sujeción en el plazo de  dos años, prorrogables por uno más a decisión del Presidente de la República. Otro componente de la pena, es restaurativa y extramural.  De todos modos, se consagra en el artículo 18 del proyecto, la posibilidad de acceder a la libertad condicional.

Los integrantes de dichas estructuras armadas, que exclusivamente hayan incurrido en concierto para delinquir, simple o agravado: utilización ilícita de equipos transmisores, o receptores, porte ilegal de armas de uso privativos de las fuerzas armadas, se les aplicará la suspensión y posterior renuncia a la persecución penal, en virtud del principio de oportunidad. Todo principio de oportunidad, es sin duda una forma sutil de impunidad.

Además, se les permite conservar parte de los dineros producto de la actividad ilícita, en forma considerable, hasta 11.500 millones de pesos, duplicando de esta manera, lo que se venía concediendo en casos similares.

La extradición queda en entre dicho, en la medida que se pueden suspender las ordenes de captura con fines de extradición. Todo esto, para citar a penas algunas de las prebendas que se les ofrece a estos delincuentes.

La presentación del proyecto ocasionó toda una confrontación. Fiscalía y Procuraduría salieron altos de tono a criticar la iniciativa; la primera, a reclamar su independencia y advertir en primera persona, que no permitiría semejante despropósito, como tener que pasar la información confidencial de la entidad, al comisionado de paz, o participar en comités del Ejecutivo; menos pretensiosa la Procuraduría, salió en defensa de las víctimas, que se ven afectadas con el proyecto.

Mientras todo esto pasa a nombre de la búsqueda de la paz total, el Clan del Golfo continúa con sus fechorías por toda la República y el Gobierno se ve obligado a retirar la mano que había tendido y ordenar la persecución por las armas del grupo delincuencial. Lo que uno se pregunta es, si esta es la respuesta a tanta magnanimidad; ¿no será más bien que se está pecando por ingenuidad? A quién le cabe en la cabeza, que dichas bandas que viven de lo ilícito, dominan territorios, hacen parte de organizaciones delincuenciales trasnacionales y mueven grandes fortunas, van a dejar sus lucrativas actividades ilícitas. ¿Magnanimidad o ingenuidad?