Mapiripán, fraude anunciado

De  tiempo atrás muchas voces venían afirmando que había incongruencias y discrepancias en relación con la masacre ocurrida en Mapiripán, población del Departamento del Meta, Colombia, entre el 15 y el 20 de julio de 1997.

La más importante discrepancia era el número de muertos causados por el ataque de los paramilitares, pertenecientes al grupo de Salvatore Mancuso, a la población civil. De acuerdo con los primeros representantes de las organizaciones de ayuda humanitaria, que llegaron a socorrer a la población, los muertos eran 5, este número aumentó, en poco tiempo, a 49 sin que mediara mucha explicación.

Pero el horror causado por la manera como los paramilitares, con la aparente colaboración o indiferencia del Ejército localizado en la zona, quienes habían sacado a gentes indefensas de sus casas, torturado y asesinado brutalmente a algunos de sus habitantes, desconcertó de tal manera al país, que nadie se detenía a analizar el incremento en el número de muertos. De todas maneras, fueran 5 ó 49, era una masacre espantosa.

Hoy, después de 14 años y de haber sido Colombia sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del pago de más de 6 mil millones de pesos por la Nación a los familiares de las supuestas víctimas, de los cuales también usufructuaron los abogados que las representaron, se confirma lo que muchos habían dicho y lo que en la misma Mapiripán era un secreto a voces: los muertos no eran sino 4, a lo sumo 5, y 2 desaparecidos.

¿Quién tiene la culpa de semejante fraude al Estado y de semejante humillación internacional a Colombia? La magnitud del robo al Estado es tal, que no cabe duda que hay fuerzas muy bien organizadas y poderosas detrás de todo esto.

Ante todo hay un intento muy real de difamar al Gobierno de Colombia y a su Ejército. ¿De dónde sacaron sus datos tantas ONG que se constituyeron como acusadoras nacional e internacionalmente? ¿Acaso los inventaron intencionalmente? ¿A quién representan realmente estas ONG?

¿Cómo es que los medios que cubrieron e “inflaron” esta noticia, exagerando el número de muertos, no confirmaron la información con la seriedad con que deberían haberlo hecho?

¿Y qué de los investigadores y de los defensores que actuaron en nombre del Estado en cada caso que se presentó contra este? ¿Por qué no cumplieron su trabajo y destaparon la verdad a su debido tiempo? ¿Qué pretenden realmente los abogados del Colectivo José Alvear Restrepo, representantes de las falsas víctimas, defraudar, difamar al Estado, o simplemente enriquecerse?

La pregunta más inquietante es saber por qué hubo esta falta de seriedad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al haber fallado contra Colombia en este caso.

Este escándalo tiene un lado muy positivo. Ahora sí serán investigados otros casos semejantes que tienen un tufillo de fraude y falsedad.

Ojalá esto logre detener el “ordeñamiento” económico de Colombia a manos de ladrones camuflados como víctimas y abogados, de tal manera que esos dineros se puedan utilizar en la indemnización y reparación de víctimas verdaderas.