ACTIVIDAD POLÍTICA

A las urnas

Ad portas   de las elecciones regionales los ciudadanos percibimos con preocupación las deficiencias crecientes de nuestro sistema electoral. Los prolegómenos del debate electoral, la feria de avales, dibujan un escenario sembrado de interrogantes sobre la idoneidad de muchos candidatos y sobre la seriedad y coherencia de los partidos políticos que los avalan. En dos décadas, sustituimos un bipartidismo debilitado por un multipartidismo de ocasión, que promovió la existencia de partidos sin identidad ideológica, los menos, los más, sin cauda electoral, que convirtieron los avales en el instrumento de su sostenibilidad financiera. El voto preferente fortaleció la estructura gamonal de la actividad política y socavó profundamente la cohesión de los partidos.  Y creamos un órgano electoral que ni organiza, ni vigila los procesos electorales, ni mucho menos cuenta con capacidad para sancionar las irregularidades que puedan afectar las elecciones.

En ese marco precario floreció el transfuguismo y se introdujo Don Dinero, primero a hurtadillas y hoy abiertamente, para señalar sin lugar a equivocación a los elegibles en tan inusual certamen. Ello tuvo efectos sobre la calidad y representatividad de la clase política e impactó la percepción ciudadana sobre la transparencia de la actividad política y el prestigio de las organizaciones partidistas. No sorprende entonces la multiplicación de acciones fraudulentas y de estratagemas para conseguir resultados espurios, que no encuentran sanción ejemplarizante y pronta, sino, ocasionalmente, tardía, y ya sin efectos políticos y sociales. A estas prácticas se suman también autoridades de gobierno, locales, regionales y nacionales, que sustraen recursos públicos para destinarlos a la ilícita obtención de resultados favorables a los patrocinados candidatos.

Hoy asistimos a la cartelización de la política, con presencia de organizaciones con actividades, unas legales, otras ilegales, que financian candidaturas que les permitan acceder al manejo de los recursos públicos, y sin el apoyo de las cuales resulta prácticamente imposible competir por el encarecimiento consiguiente de cada elección. Hemos llegado así al peligro inminente de someter el ejercicio del poder político a los intereses de sectores privados, muchos de ellos impregnados de cultura mafiosa, en detrimento del bien común y de los altos intereses sociales que incumben a la tarea de un Estado democrático. 

Hoy, en toda América Latina, se siente un poderoso clamor contra la corrupción en la esfera de lo público. No escucharlo ahora equivale a una abdicación del ciudadano de su poder fundante que tendrá funestas consecuencias sobre los destinos del Estado y la sociedad colombiana. En manos de cada elector yace su propio futuro.