Realidad de la educación
Recientemente, el Observatorio Laboral para la Educación presentó un informe que, entre otras cosas, afirma que el 80% de las personas que se graduaron en 2012 de las instituciones de educación superior del país (incluyendo el SENA) consiguió empleo tres meses después de haber terminado sus estudios.
No obstante, la tasa de desempleo juvenil muestra otra realidad, ya que se mantuvo por encima de 17,8% en 2012, y para el trimestre de junio a agosto de 2013 registró 17,7%, es decir, fue aproximadamente el doble de la tasa de desempleo a escala nacional (9,5%). Esto muestra que aunque la dinámica de empleo para los graduados de educación superior parece positiva, una gran proporción de jóvenes sigue sufriendo el drama del desempleo.
Además, muchos de los jóvenes que encuentran un empleo al poco tiempo de graduarse lo hacen bajo condiciones de inestabilidad. Así, el Ministerio de Educación también revela que solo el 49% de los egresados están vinculados a través de contratos a término indefinido, y que como ha sido la tendencia durante mucho tiempo, las mujeres siguen ganando menos que sus colegas hombres, en este caso su sueldo se encuentra un 13% por debajo.
Si hablamos ahora de la tasa de cobertura en educación terciaria, según cifras oficiales esta es de 42,8%. Sin embargo, han surgido análisis que ponen en duda la confiabilidad de esta cifra. El profesor de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, ha mencionado que la cobertura no se ha incrementado significativamente, sino que en buena medida se inflaron los resultados al incluir al SENA en las estadísticas; además insiste en que el acceso a la educación superior es inequitativo.
Según un estudio del Centro Universitario de Desarrollo (Cinda) citado por el profesor Múnera, las personas pertenecientes al 20% de la población con mayores ingresos económicos tienen diez veces más posibilidades de acceder a la educación superior que las que se encuentran en el 20% con menores ingresos. A esto se suma que dichas personas con mayores niveles de ingreso entran a las universidades que tienen una calidad educativa superior, mientras que los demás a centros de educación de calidad media y baja que han surgido, en buena medida, por la inexistencia de mecanismos fuertes de control y vigilancia por parte del Gobierno.
De igual forma, Múnera pone en duda que se haya cerrado la brecha de cobertura entre el grupo de personas más ricas y más pobres del país de forma drástica como lo han mencionado el Gobierno y algunos organismos como la OCDE y el Banco Mundial, ya que el hecho de usar un método diferente para calcularla fue lo que generó una significativa reducción.
La educación ha sido un talón de Aquiles de los últimos gobiernos, y esto se hizo evidente con la caída de la reforma a la Ley 30 y con las intensas protestas de la comunidad educativa frente a los precarios recursos destinados a la educación pública. La inversión en educación debe ser una prioridad, y es necesario corregir el enfoque de la política, ya que aunque el objetivo de la cobertura ha sido lo fundamental para este Gobierno, la meta de que toda la población, sin importar su nivel de ingresos, tenga las mismas oportunidades para acceder a educación de calidad, es absolutamente relevante.