A partir del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Estado colombiano y la organización guerrillera de las Farc, aparecen cada día imágenes y datos esperanzadores, pero también unas y otros de esos que anuncian las peores cosas en este país.

El registro de la ciudadanía de Argelia (Cauca) desmontando, previa concertación con las FF.AA, las trincheras que durante muchos años protegieron su estación de Policía, no puede ser sino una evidencia clara de que la paz llegó. E igual lo es el sorprendente registro estadístico de la reducción en un 97% del ingreso de militares heridos en combate en el Hospital Militar Central de Bogotá.

Pero si por acá escampa, por el lado de los que quieren seguir en guerra, no deja de llover. En el Bagre y en San José de Apartadó (Antioquia), se han presentado en los últimos días un par de incursiones de un grupo armado ilegal que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sin que la Fuerza Pública haya logrado evitar que hicieran presencia en un caso y que dejaran pintadas en las casas en otro.

El gran reto del Estado colombiano es la ocupación de los territorios dejados por las Farc, para evitar que grupos armados ilegales los copen para sus actividades ilegales. Estado, mucho Estado, es lo que se necesita en cada uno de esos territorios que las FF.AA. tienen claramente identificados.

No solo están delimitados y debidamente priorizados por las Instituciones estatales, sino que todo el plan de reordenamiento de la Fuerza Pública está diseñado precisamente para y por ello. El Ejército multimisión es una fuerza moderna dedicada sobre todo a consolidar la legitimidad del Estado mediante la inserción a la legalidad de una vasta porción del territorio nacional hasta ahora abandonada del Estado y dedicada a tareas ilegales.

En ese propósito, la Fuerza Pública ha superado, desde la Directiva Ministerial 015 de 2016, la definición clásica de bacrim para avanzar a los GAO. Esas tales Autodefensas Gaitanistas clasifican como uno de esos grupos armados ilegales que pueden ser un verdadero riesgo de seguridad nacional y, por tanto, ameritan una solución más militar que policial.

Combatir con energía esos GAO es más que una prioridad meramente militar, es una necesidad dentro de la nueva estrategia que le asigna al Ejército una función social verdaderamente fundamental en la consolidación de la paz. El Ejército Nacional se ha tomado en serio el deber legal que se le impuso a la Fuerza Pública en el parágrafo 1 del artículo 32 de la ley de Víctimas de 2011 y ha definido como uno de sus puntos Multimisión el respaldo y protección de los procesos legales de restitución de tierras. Solo protegiendo a los campesinos en su retorno a las parcelas de las que los sacaron los grupos ilegales, puede consolidarse la paz y ganarse el territorio para la productividad nacional.

Por eso la aparición de esos grupúsculos armados ilegales debe ser respondida por el Estado, rápida y contundentemente. No puede dejárseles coger ventaja. Eso sí es importante, no las peleas tuiteras de un par de personajes transitorios.

@Quinternatte