Como decía el economista Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. Cualquier incremento del gasto público lo terminamos pagando los ciudadanos. Lo asumimos, en parte, mediante nuestros impuestos, que en Colombia se han vuelto cada vez más onerosos. Lo asumimos mediante el endeudamiento del Estado, cuyos intereses deberán asumir gobiernos futuros con los recursos que les otorgue la ciudadanía. Lo asumimos mediante el encarecimiento de la deuda privada en países con altos déficits fiscales, que se traduce en la desaceleración del crecimiento económico.
En países sin bancos centrales independientes, lo asumen quienes ahorran, pues la emisión monetaria desenfrenada evapora rápidamente el valor de la moneda nacional. Algunas formas de pago son más nocivas que otras, pero el pago mismo es completamente inevitable. Cuando el gasto público crece más rápido de lo que puede sostener la economía, el resultado siempre será el empobrecimiento de la sociedad civil.
A seis meses del gobierno Milei, la BBC ha destacado los enormes avances fiscales que están presenciando los argentinos. Comprometido a alcanzar el “déficit cero” -es decir, que los gastos del Estado no superen sus ingresos- Milei impulsó un recorte del 35% del gasto público. En una Argentina adicta al endeudamiento masivo, esta decisión ha profundizado la contracción económica, generando costos sociales importantes a corto plazo.
Por otro lado, el “déficit cero” ya ha comenzado a traducirse en una superlativa reducción de la inflación. Con un crecimiento económico proyectado del 5% para 2025 según el Fondo Monetario Internacional (FMI), los argentinos pueden anticipar un futuro cercano caracterizado por la estabilidad monetaria, la llegada de grandes inversiones al país y la apertura de nuevas posibilidades hacia el futuro. En una región caracterizada hoy por su hostilidad al desarrollo, Argentina avanza en la dirección correcta.
En Colombia, al contrario, el presupuesto nacional ha crecido desmesuradamente a pesar del estancamiento de la economía. En el año 2023, el Congreso aprobó un presupuesto 20% mayor al de 2022. En 2024, el crecimiento presupuestal fue del 19%. Contrario a lo que sugieren algunas voces oficialistas, esta expansión no se debió principalmente al inevitable crecimiento del servicio de la deuda, sino a mayores gastos en funcionamiento e inversión, rubro que creció en un 23% en 2023 y 18% en 2024.
Considerando el recaudo tributario de este año, previsiblemente menor al anticipado por el Ministerio de Hacienda, el Banco de Bogotá estima que para cumplir con la regla fiscal, el gobierno tendrá que reducir el presupuesto en $48 billones. Ejecutado a cabalidad, dicho ajuste resultaría en un presupuesto de funcionamiento e inversión de $360 billones, una suma 4% superior al mismo presupuesto para el 2023. Por ende, no sería difícil para el gobierno colombiano asumir la mínima responsabilidad que le exigen nuestras instituciones económicas.
¿Podríamos soñar con el “déficit cero,” si existiera la voluntad política? Requeriría un recorte de $89 billones relativo al presupuesto original del 2024, lo que resultaría en un presupuesto de funcionamiento e inversión de $319 billones. Tal presupuesto representaría un recorte del 9% con respecto al de 2023, pero aún sería un 14% superior al de 2022. Difícilmente se podría argumentar que el Estado colombiano de hoy logre mejores resultados que el del año 2022.
Hoy, a pesar del prolongado estancamiento de nuestra economía, el gobierno busca un presupuesto de $524 billones para el 2025, 4% superior al que aprobaron errónea e irresponsablemente para el 2024. Necesitamos una oposición parlamentaria comprometida a exigir un gobierno limitado y eficiente.