En columnas anteriores nos referimos al secuestro, haciendo un tácito llamado a las autoridades para unir esfuerzos, enfrentado con decisión y arrojo tan abominable delitos y flagelo para la humanidad, buscado tranquilidad y reconocimiento a las autoridades por su compromiso en defensa de la ciudadanía. Luego nos remitimos a la extorsión, otra peste que persigue las comunidades alterando su capacidad laboral, sosiego y libertad de acción, que compromete el actuar de todas las autoridades en auxilio y resguardo de la sociedad, neutralizando cualquier amenaza o actividad que constriña el libre ejercicio de la autonomía.
En esta oportunidad nos queremos referir a otro azote que amenaza la vida y serenidad de comunidades enteras, como lo son las masacres, hechos vergonzantes para el país y muy preocupantes para el gobierno y autoridades, llevándonos a la pregunta obligada: ¿Cuáles son las causas que conducen a grupos de armados ilegales a extremos tan aberrantes, absurdos y monstruosos?
Encontramos que la respuesta no es fácil, ni está a flor de labios, pues toda organización sindicada de efectuar actividades de este tamaño y envergadura, siempre, en principio, negarán su responsabilidad y participación. Solo ante las evidencias que, sustentadas en serias pesquisas e investigaciones claras, lleven conclusiones que comprometan a determinado grupo, se lograrán luces conducentes a los autores materiales o intelectuales, quienes, aun negando su participación, tratarán de justificar tales hechos, en principio propio de la guerra desatada en el país.
Pero los argumentos nunca son justificados porque las autoridades, a través de los años, han logrado entender que estos actos de barbarie y abuso con las comunidades, tienen fines predeterminados como son las necesidades de generar pavor en los pobladores, induciéndolos mediante el terrorismo, a tomar partido entre las facciones enfrentadas, bien sean armados ilegales o la fuerza publica que los hostiga persigue y combate con las armas del Estado en defensa de la ley. Esto no descarta la posibilidad de que comunidades simpatizantes con la fuerza pública puedan ser blanco de estos bandos, al identificarlos como informantes de las autoridades.
Otro posible escenario es que una tregua margine a la fuerza pública y permita exacerbar enfrentamientos entre armados ilegales, afectando directamente las poblaciones, predestinadas a quedar en medio del fuego, lo que generara hostigamientos y masacres en poblaciones enteras.
Es urgente que el gobierno y las autoridades, como lo sugerimos ante al secuestro y la extorsión, tengan claro cuál será su actuación frente a las masacres. No podemos permitir que estos hechos se repitan y la fuerza pública debe hacer presencia protegiendo las poblaciones y comunidades de este accionar que genera un panorama sombrío.
Hemos vivido desmanes de poblaciones contra la fuerza pública, y sabemos que son fruto de la coacción e imposición de grupos armados ilegales, que intentan ser ‘dios y ley’ en varias zonas, alterando el orden público y convulsionando a nuestra amada patria.