La dolorosa situación del ex ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, quien  decidió rebelarse contra la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que lo condenó a la pena de 17 años y 5 meses de prisión como autor responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, y lo absolvió del concurso de delitos de peculado por apropiación a favor del IICA, ha puesto de presente, una vez más, la naturaleza instrumental de la administración de justicia que tienen las élites en este país.

La tragedia personal por su detención en los Estados Unidos de América y la dureza del tratamiento carcelario en ese país, han puesto al señor Arias a denunciar públicamente la severidad de las celdas estadounidenses, la gravedad de que su sentencia no haya tenido segunda instancia, la cuantía de la pena que se le impuso y la supuesta existencia de un complot en su contra. Al tiempo reconoció la solidaridad de otros ciudadanos colombianos presos en el mismo lugar, casi todos por narcotráfico. Extraditados a ese país con el que alega Arias que no existe Tratado de Extradición.

El drama de Andrés Felipe Arias, con todo y lo terrible que es para él, para su familia y para sus allegados, termina siendo una oportunidad sin igual para visibilizar todo la tragedia humana del derecho penal y de la cárcel como únicos instrumentos de persecución de conductas que la sociedad estima contrarias a su cohesión.

Los juicios de única instancia en la Corte Suprema de Justicia contra aforados constitucionales y legales existen desde hace por lo menos 40 años. La Corte ha condenado un número indeterminado de Parlamentarios, Ministros, Generales, Gobernadores, Magistrados, etcétera, con esa forma de juzgamiento. La Corte Constitucional siempre, hasta la sentencia de 2014, declaró esos juicios ajustados a la Constitución.

El grupo político al que pertenece el señor Arias tuvo mayorías absolutas durante ocho años en el Congreso y nunca intentó siquiera cambiar ese procedimiento. Es más, fue en ese período cuando se aprobó el Acto Legislativo que cambió todas las reglas del enjuiciamiento penal, menos esa, la de los juicios de única instancia.

El entonces Presidente Uribe y toda su bancada vio impasiblemente como iban juzgando y condenado en juicios de única instancia a los parlamentarios. Mientras fueran congresistas de provincia, sin blasones en los apellidos, a nadie le importó. Al revés, Uribe les dejó bien claro que lo único importante de ellos era su voto. “Vayan votando mientras los meten a la cárcel” tuvo la inmoralidad democrática y la insensibilidad humana de decirles.

Los burócratas, los periodistas y los políticos que se arrellanan en sus mullidos sillones ocasionales, Andrés Felipe Arias entre ellos, a recortarle garantías al proceso penal, a incrementar las penas de manera irracional o a quitar todas las posibilidades de penas alternativas, deberían pensar alguna vez, que el perro de la justicia cada cierta época se equivoca y no muerde a uno de ruana sino a uno de frac.

Y entonces...se les ve el cobre. 

@Quinternatte