ORLANDO CANO VALLEJO | El Nuevo Siglo
Martes, 28 de Agosto de 2012

Por la ‘faja’

 

Lo que se anuncia en beneficio del consumidor en Colombia, se incumple, sin escrúpulo ni vergüenza.

La salud sigue al ‘garete’, sin responsabilidad social. Lo mismo de hace 50 años: poca cobertura, escasos medicamentos y dilación en citas ordinarias y de urgencia.

Pedir una cita médica implica el mismo tormento para un usuario, se la asignan por ocho, diez y hasta 20 días. Escasez de especialistas.

La gente pobre sufre en materia de salud pública. Una familia que responde por ese compromiso como asalariado o independiente, tiene que asumir pagos adicionales cuando asiste a una cita de rutina o al especialista.

Y sin contar el ‘trasteo’ de pacientes. Van de un lugar a otro a ver donde lo atienden finalmente. Los ancianos se pierden al buscar sus puestos de atención y pasan semanas implorando que los atienda un especialista oportunamente y que por favor les suministren drogas adecuadas, no las que hay en inventarios.

A los médicos generales les está prohibido recetar medicamentos ‘costosos’. Hay que ir donde un especialista y si se es afortunado, lograr que le receten lo que habitualmente los usuarios compran de su bolsillo.

El caso en odontología es igual o peor. Los centros de atención de EPS carecen de instrumentos básicos, materiales, herramientas y la cobertura es mínima. Si el paciente es presa de un intenso dolor es posible que le extraigan una pieza, una cordal o sea sometido a procedimiento de conductos.

Normalmente le dicen al usuario que su caso es de estética dental y que debe ir a un consultorio particular. Los beneficiarios deberían tener un cuadro más amplio de servicios, pues al fin y al cabo es la salud por la que ellos pagan una mensualidad.

Igual ocurre en frentes como la prestación de servicios públicos. El mismo cuento viejo de inoperantes y negligentes empresas que se quedaron en el pasado. Si hay un reclamo por facturación, pague y luego miramos. Cualquier reclamación de un usuario directamente ante la compañía, es casi en vano, si no se acude ante la Superintendencia de Industria y Comercio o a la autoridad competente.

En pleno TLC con EE.UU., y es permanente el abuso contra el consumidor final. Los restaurantes cobran por derecha la propina que ya no tiene nada de voluntaria, 10% del valor de lo que se consume.

Negocios que facturan en efectivo, no con tarjeta débito o crédito, para hacerle trampa a la DIAN. Las buenas prácticas, por la ‘faja’.