En Colombia cada reforma ha sido sinónimo de nueva deforma, porque empeora la prospectiva. Ninguna fue estructural, ni cambió de paradigma. Ahora, siguiendo la costumbre, el presidente Gustavo Petro anunció una enmienda más, tras haber traicionado a Piketty.

El anuncio alteró a los expertos que, buscando figurar en los medios, abogan por la estabilidad jurídica ocultando que el estatuto ha sido esencialmente inmutable. Por esa misma razón, quienes demostramos públicamente que dicho statu quo fracasó, reaccionamos con incredulidad. Además, la alternativa progresista desaprovechó su oportunidad.

Adulterando la competencia, y destruyendo el equilibrio sistémico, el neoliberalismo legitimó el dopaje financiero y el fraude tecnológico. La deuda es insostenible y el delusivo lenguaje económico tomó posesión del octavo círculo del infierno, porque las minutas de política monetaria tergiversan la miseria, los estatutos tributarios normalizan la regresividad, y la “regla fiscal”, la única que no puede quebrar la famosa desregulación, patrocina la mezquindad.

El Estado de Derecho fue derrocado, o quizás nunca tomó posesión, y seguimos peor que el promedio global en Equilibrio de Poderes, Ética-Moral, Regulación y Cumplimiento, Justicia y Derechos Fundamentales (Rule of Law Index 2023, worldjusticeproject.org). Además, ostentamos la tributación más engorrosa, tramposa e inefectiva de la OCDE (taxfoundation.org, 18/10/2023); claro, a los antitécnicos impuestos que extinguen el empresarismo, falta sumar los antiéticos, como la corrupción o la usura.

Traicionando sus banderas o promesas, tal como sus antecesores, Ocampo crucificó a la redistribución, sacrificó al empleo y no combatió a los ‘parafiscales’; tampoco afianzó la transparencia, simplificando el estatuto y publicando todos los microdatos anonimizados.   

Colombia es un “paraíso” porque salvaguarda a los privilegiados, aunque nunca expíen sus pecados; de hecho, les permite conservar sus tesoros tras los “muros de lamentos”.

Tanta “doble moral fiscal” ha recaudado contabilidades duales, y multiplicado las licenciosas deducciones que ofrecen como muestras gratis para tentar a la evasión. Así es como lograron confiscar la integridad y expropiar la dignidad de las mayorías, que intentan compensar sus microfinanzas colándose en el transporte público, adeudando comparendos o comprando contrabando.

Es tan abyecta nuestra conducta, y fallida la institucionalidad, que el “petrista” que avaló el incremento del IVA durante el gobierno Santos estaría chocando con la Dian, cuya “rendición de cuentas” significa que se “dio por vencida”, asimilando su incompetencia o prescribiendo su histórica deuda, en beneficio de los eternos conflictos de intereses.

La rosca del BanRepública, adicta a la ortodoxia, impide que esa anacrónica institución trabaje al servicio de los ciudadanos, como “contrapeso” ante la crisis. Obsesionada, “des-taza” a los pobres mientras subvenciona a los prestamistas o terratenientes, que explotan el libre mercado de la usura y “reduflación” por avaricia.

La SuperFinanciera está en mora de igualar la tasa de usura con la inflación, y Petro debe eliminar el IVA para legalizar y estimular la economía popular. También debería intervenir los precios de los alimentos y la vivienda, además de establecer un ingreso máximo, como “contramedida” del mínimo.

La Corte Constitucional también contribuyó a perpetuar esa hereditaria inequidad, pues en nombre de la regla fiscal parece haber declarado exequible la violación de los derechos fundamentales (¿A Broken Social Elevator?, OCDE, 2018), y Petro se regocija con la nueva línea de crédito CREO, de la que desconfío porque sólo es otro paliativo.

Para terminar, el Banco de Brasil reconoció su complicidad con la esclavitud; como acto de verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿será que la Corte Constitucional, el Congreso, la Contraloría, el BanRepública y Bancolombia hacen lo mismo?