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Las principales zonas geográficas donde están los cultivos de coca son Norte de Santander, (Catatumbo) y el sur del país (Nariño, Cauca y Valle). También hay en otras regiones, como en Arauca, Meta, Putumayo, pero están, sobre todo, en las primeramente mencionadas. Las Farc y otros grupos delincuenciales como el Eln y el EPL se aseguraron de que los cultivadores de la hoja estuvieran bien organizados y hoy están agremiados en entidades como la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).
Los grupos criminales incitaron a los campesinos a incrementar los cultivos para, les dijeron, obtener mayores concesiones de parte del gobierno. Las Farc esperan seguir controlando las zonas productoras mediante intermediarios, no solo para continuar cobrando los correspondientes “impuestos” a cultivadores y procesadores, sino también para obtener los votos de los sembradores.
Ahora, muy en especial por la presión de Washington, se han intensificado los programas de erradicación, mediante sustitución o erradicación forzosa, lo que naturalmente no conviene a todos aquellos que se benefician del cultivo y tráfico de la coca y de allí el alzamiento cocalero en ambas regiones. Se destaca la movilización en el Catatumbo que paralizó la región durante tres semanas mediante el bloqueo de carreteras, especialmente del complejo petrolero de Tibú. También el levantamiento de los indígenas del Cauca y Nariño que, durante varios días, ha impedido, inclusive mediante el uso de explosivos y quema de vehículos, la comunicación terrestre con el sur del país y el resto del continente.
Los perjuicios económicos son enormes, especialmente cuando la economía del país crece muy lentamente. Desafortunadamente nuestros gobiernos han sido, desde hace años, muy tolerantes con todos los huelguistas, sean estos campesinos cocaleros, transportadores, aviadores, etc. pero si no hay sanción para los perturbadores ¿Por qué no pedir, cada vez más, bajo la amenaza de daños graves a la economía?
Los indígenas, que ya tienen legislación y territorios propios, se dan el lujo de secuestrar impunemente a miembros de la fuerza pública, la semana pasada a 17 policías con sus armas y el fin de semana a 4 más. Policías heridos, 46. Ahora hay una nueva figura jurídica, la “retención,” mediante la cual se puede secuestrar a alguien impunemente. En el Catatumbo se convino incluir en las negociaciones “la implementación de los acuerdos de paz en Norte de Santander”, una “reforma rural integral” y la inconveniencia de la erradicación forzosa. ¿Quién inspirará estas exigencias?
El pasado martes los indígenas aceptaron levantar los bloqueos, que el miércoles aún permanecían, pero amenazando con reinstaurarlos si no se llega a un acuerdo “satisfactorio” para ellos. El Gobierno parece estar cediendo bajo el chantaje de los huelguistas de todo pelambre.