Un nuevo episodio de la saga que hace varios años protagonizan Colombia y Nicaragua en relación con la delimitación de sus áreas marinas y submarinas en el Caribe Occidental tendrá lugar, otra vez, en el Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia, el próximo jueves 17 de marzo.
El tribunal anunció que ese día dará a conocer su dictamen -inapelable y definitivo, como lo subraya el comunicado de prensa- sobre las excepciones preliminares presentadas por Colombia con la aspiración de enervar dos demandas adicionales introducidas por Nicaragua: una por el presunto incumplimiento del fallo proferido en 2012, y otra sobre la delimitación de la plataforma continental entre ambos Estados más allá de las 200 millas náuticas de la costa nicaragüense.
Las apuestas están abiertas. En la respuesta de Colombia a la aplicación de Nicaragua ante la CIJ hay argumentos razonables. Otros son incluso deleznables. Pero sobre todo está la clara contradicción que plantea el hecho de que para defenderse de las pretensiones nicaragüenses, Colombia debe en últimas reconocer que el fallo que desde el primer momento calificó de “inaplicable” se ha venido cumpliendo de facto, y que esa misma providencia, llena de “omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar” tiene mérito de cosa juzgada entre las partes.
Si fuera un chiste, se contaría por sí sólo. Pero no lo es. En la audiencia del jueves empezará a ponerse en evidencia la debilidad de la estrategia post-fallo de Colombia: la fragilidad de su discurso, la ineficacia de las medidas adoptadas, el costo de perder la iniciativa, y especialmente, lo perjudicial que resultó sacrificar la perspectiva de política exterior en aras de satisfacer a la opinión pública interna y salvaguardar la aspiración reeleccionista.
Como si fuera poco, ya empiezan a oírse las voces del patrioterismo incendiario. Qué poco ayuda en estos momentos el senador Uribe, pidiendo al Gobierno que desconozca la competencia de la CIJ (que es lo precisamente ha hecho en las excepciones preliminares); o diciendo que la sentencia de 2012 fue “ilegal e inconsistente” por ser una sentencia “de despojo”. Qué irresponsable suena al proclamar que no hay otro límite que el meridiano 82 (una tesis que la CIJ desestimó en 2007, cuando él mismo ocupaba la Presidencia) y que el pueblo colombiano debería “ratificarlo” mediante consulta popular (como si los límites pudieran fijarse unilateralmente). Qué ignorancia la suya (o qué mezquindad) la que lo impulsa a pescar en el río revuelto en que se ha convertido para Colombia el mar Caribe.
* Profesor de Relaciones Internacionales en la U. del Rosario. Catedrático de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo