En Colombia se percibe un sentimiento de pesimismo generalizado sobre el futuro del país. Los ciudadanos se interrogan sobre la manera de despejar los oscuros horizontes que amenazan la tranquilidad y estabilidad de la nación. Los colombianos padecemos simultáneamente los efectos de crisis insolutas que afectan a las instituciones, a la política, a la justicia, a la gestión económica, a la ética pública y privada, a la seguridad y convivencia ciudadanas y a la credibilidad de los gobernantes, y que arrojan como resultado un país descuadernado, sin brújula cierta y con una pasivo acumulado que parece inmanejable.

Los escenarios de la vida nacional se han convertido en espacios propicios al clientelismo y corrupción. El sistema de salud se desmorona en medio de la indiferencia de las autoridades y de las entidades prestadoras del servicio. La educación no muestra resultados, aún con los maquillajes que le prodiga el ministerio del ramo. La crisis de la justicia se potencia con la creación de una jurisdicción para la paz omnipotente, autónoma y con la misión de consagrar la impunidad para la cúpula de las Farc. La economía desfallece y la productividad declina, mientras el desempleo y la inflación se acrecientan. Muchos de los gobiernos regionales y locales muestran índices de corrupción protuberantes. Los dineros se evaporan y las obras no se ven o son monumentos al despilfarro. La Constitución se sustituye a espaldas del constituyente primario, y se acompaña con la pretensión de blindar las espurias disposiciones acordadas en la Habana, ya rechazadas en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Y en medio de ese desafinado concierto se estimula una permisividad social que vulnera la cohesión y la solidaridad sociales necesarias para recuperar el rumbo de la sociedad.

La crisis que padecemos afecta a las instituciones, a la política y a muchos sectores de la actividad privada. Los ciudadanos hacen tránsito del sentimiento de descontento al de repudio por el desbarajuste que afecta a la nación. A un año de las elecciones, la insatisfacción dará paso a la exigencia de la recomposición del país. Quien aspire a gobernar a Colombia debe tener claridad sobre su misión de limpiar al país del estigma de la corrupción y de los efectos de la descomposición social. No será con banderas como la implementación del malogrado acuerdo de paz y un gobierno de transición con las Farc, ni valido de prácticas clientelistas o del respaldo gubernamental, como se logrará el apoyo de los electores. Se requiere a alguien con pulso firme y manos limpias, con visión de estadista, que convoque e inspire una Constituyente que le devuelva a Colombia confianza en su destino.