Desde la perspectiva de la Ciencia Política son muy interesantes y dignos de análisis los fenómenos que se han venido precipitando en varios países, entre ellos el nuestro, en lo que podríamos denominar “pulsos”, que han venido enfrentando y siguen enfrentando a gobernantes y gobernados.
En Francia, desde finales del año pasado, se hizo sentir -y con mucha fuerza- el Movimiento de los chalecos amarillos (Mouvement des gilets jaunes), que lideró la protesta iniciada a raíz del alza de los combustibles. La protesta, que se amplió después a otras demandas populares, se tradujo en gran violencia y en buena parte logró los objetivos que buscaba, porque el presidente Emmanuel Macron cedió, retirando o modificando muchas de sus medidas económicas.
Caso similar se presentó en Ecuador, en donde, a partir de las protestas indígenas -que degeneraron en violencia- contra la subida de la gasolina, el presidente Lenin Moreno se vio precisado a derogar el Decreto 883 que contemplaba esa y otras disposiciones de carácter económico. Allí hubo un acuerdo entre Moreno y los voceros indígenas, bajo el auspicio del representante de las Naciones Unidas en Ecuador, Arnauld Peral, y todo se calmó.
Luego vino el caos en Chile, que todavía no termina. Protesta por el alza en el precio del pasaje en metro, extendida luego a otras peticiones, con muy graves hechos de violencia en varias ciudades, que desencadenaron una crisis de enormes proporciones. El presidente Sebastián Piñera no solamente revocó las medidas que fastidiaban a los manifestantes sino que provocó una crisis de gabinete y cambió a varios ministros.
En Bolivia, Evo Morales -sindicado de fraude en las elecciones presidenciales y de querer prolongar su poder hasta el infinito- “renunció”, por “recomendación” del alto mando militar, tras protestas que culminaron en violencia. Sin estar a favor o en contra de Morales, debemos decir, con objetividad, que una ruptura de la democracia -por la fiebre reeleccionista- fue contrarrestada con otra: un golpe de Estado, impulsado por la fiebre de alcanzar el poder. Y, al momento de escribir estas líneas, en Bolivia reina el caos. La Constitución ha sido violada.
Ojalá, en Colombia, el paro convocado para este 21 de noviembre se desenvuelva de manera pacífica, como lo exige la Constitución y como lo deben garantizar las autoridades. La protesta social, siempre que sea pacífica, es un derecho que debe ser respetado en la democracia. Quiera Dios que el Gobierno escuche y entienda “de qué le hablan”, si bien, por los motivos de las protestas, se le debe hablar en paz; sin acudir a desmanes, ni a vías violentas.
Estos “pulsos” entre ciudadanos del común y sus gobiernos, han tenido lugar en buena parte porque estos últimos, en vez de escuchar, dialogar y buscar consensos, prefieren mantenerse en posiciones inflexibles -particularmente en materia económica y social-, porque creen que gobernar es imponer, y solamente reaccionan y entran en la política de la concertación cuando se ha desencadenado la violencia. Sin tener en cuenta que hechos similares a los descritos no se quedan dentro de las fronteras de un país. Se transmiten como un virus; se extienden, y son aprovechados por infiltrados que buscan desestabilizar, y también por quienes aspiran a generar determinados efectos políticos.