El presidente Petro asumió el pasado 16 de febrero las funciones regulatorias de los servicios públicos de electricidad y gas que venía ejerciendo la Greg desde hace treinta años. Hay mucha expectativa sobre qué hará con estas funciones. Afortunadamente el Consejo de Estado decretó la suspensión temporal de este procedimiento, al encontrar indicios de inconstitucionalidad en el decreto que anunció la asunción presidencial de las responsabilidades que venía ejerciendo la Creg. Es una decisión temporal hasta cuando venga el fallo de fondo del contencioso. Pero, por el momento, es un saludable freno de mano que le pone pausa a la precipitud que se vislumbraba.

El asunto no es fácil, pero es trascendental. Y va mucho más allá del tema de las simples tarifas de la energía eléctrica. El futuro mismo de la sostenibilidad de los servicios domiciliarios en Colombia depende de la seriedad con que se desarrollen estos decretos.

La ministra de Minas y Energía en entrevista que concedió a la revista Semana dice que se aspiran a bajar el costo de las facturas eléctricas en 10%. El superintendente de servicios públicos en nota que publicó en el periódico Portafolio asegura que no hay nada que temer, pues la intervención presidencial estará regida por los parámetros técnicos y de sostenibilidad financiera que exigen las leyes. Un grupo de exministros de minas y energía de todas las vertientes políticas nos permitimos dirigirle una carta abierta al presidente recordando que el acumulado técnico de la Creg es un activo nacional que no se puede echar por la borda, y que si la presidencia no actúa con sindéresis se puede ahuyentar la inversión nacional e internacional en los ensanches eléctricos que tanto requiere la seguridad energética del país. El tema, pues, no es de poca monta.

Hay que evitar por supuesto caer en el facilismo que propone irresponsablemente el alcalde de Medellín en carta pública que dirigió al presidente Petro, pidiéndole congelar de golpe y porrazo las tarifas de los servicios públicos en medio país. Proceder como lo aconseja el alcalde de Medellín conduciría a que una gran cantidad de empresas puedan entrar en graves problemas de solvencia (incluida EPM que él preside); escenario donde el gran damnificado sería el usuario a mediano plazo.

El problema inmediato es el de las tarifas en la costa caribe que han subido cerca de 50% en el último año. Quizás la presidencia cambie el índice del precio al productor que hoy se utiliza por el índice al consumidor como factor de ajuste de los contratos, siendo a la fecha más moderado el segundo que el primero. Pero esto sería apenas un leve alivio para las tarifas costeñas.

En el caso de la costa caribe lo fundamental será definir qué se va a hacer con las pérdidas que se les permitió a las empresas que sucedieron a Electricaribe llevar a la tarifa. Según cálculos que se han hecho recientemente suprimir este vínculo entre tarifas y pérdidas haría bajar la tarifa eléctrica en la costa en cerca del 20%. Pero naturalmente: habría que decidir quién corre con este costo que es inmenso. Puede ser el estado directamente vía la política fiscal de la misma manera que lo hizo cuando asumió la totalidad de las pensiones de Electricaribe; o puede ser “mutualizando” en todo el país el costo de las pérdidas de la costa atlántica que son tres veces superiores de las que se registran en el interior del país. Dicho de otra manera: que los consumidores de todo el país asumamos la cuota parte de las abultadas pérdidas de la costa para que estas no sigan yendo a la tarifa como hoy sucede.

¿Qué otros cambios regulatorios contendrán los decretos presidenciales, una vez se dilucide la suerte de suspensión provisional que acaba de decretar el Consejo de Estado? No se sabe. Ojalá sean juiciosos y no queden manchados con el populismo indefensable que destila de la propuesta del alcalde de Medellín.

No es exagerado afirmar que estos decretos del presidente serán una de las piezas fundamentales para juzgar la seriedad como se van a seguir manejando los servicios públicos en Colombia. Hay dos vías: una, el populismo que levanta fácilmente el aplauso de la galería pero que se termina pagando caro más temprano que tarde. Y otra, la de la seriedad y de la sindéresis, que quizás no sean tan taquilleras en el corto plazo pero que resultan mucho más sólidas y fructíferas en el mediano y largo plazo.

Afortunadamente la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado da un margen prudente de tiempo para no echar por la vía atolondrada de la improvisación y el populismo que se veía venir.