Ante la caída más fuerte de la esperada de la economía, vuelve la pregunta de cómo pretende el gobierno de Gustavo Petro reactivar la economía, en un escenario donde la Junta del Banco de la República ha podido contrarrestar los efectos inflacionarios con su política reactiva de baja de tasas de interés. Entre los anuncios continuos a veces cuesta entrever la inspiración del Ejecutivo para impedir que la economía caiga en recesión, luego de su escaso 0,6% de crecimiento del PIB en el 2023.
La ponencia del ministro de hacienda, Rodrigo Bonilla, en el seminario de Perspectivas Económicas 2024 de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y Fedesarrollo, permite dilucidar entre líneas algunos de los propósitos y justificaciones. De entrada, se reconoce, como las cifras no lo niegan, la crisis de la inversión. Sin embargo, no se incluye la variable última y fundamental, de dar confianza y certidumbres para invertir.
Vale la pena entonces detallar las afirmaciones del ministro, que de manera escueta dio a conocer. Parece ser, según sus palabras, que sólo debe asociarse la cercanía a recesión si se tienen dos trimestres continuos de crecimiento negativo del PIB. En su explicación, nos pudimos salvar de esta porque sólo el segundo trimestre fue negativo, aunque bordearan el casi nulo crecimiento los dos últimos trimestres.
No obstante, como expusiera en igual foro, el actual presidente de Anif, José Ignacio López, la actividad privada, es decir considerando el PIB sin el sector de la administración pública, presentó tres trimestres de crecimiento negativo. Independientemente de ello, el ministro, vale mencionarlo, fue sincero en abordar los problemas de la inversión. Sin embargo, uno es el contenido y otra es la forma.
En efecto, dio explicaciones de cómo esa reducción del 24.8% de la inversión total y del 8.9% en la inversión fija, tuvo que ver con la acumulación de inventarios de los años 2021 y 2022 y que la alternativa está en la reactivación de la construcción de vivienda y de obras civiles. Así empiezan sus argumentos frente al manejo y la asignación de las vigencias futuras o los compromisos adquiridos por los gobiernos para dar cumplimiento a los contratos de obra.
El ministro quiso poner sobre la mesa la idea de que las vigencias futuras, con un giro de 11 billones de pesos en el 2023, fueron honradas, se giraron, pero que buena parte del dinero se quedó en las fiducias hasta cuando las obras avanzaran, alimentando al sector financiero. Concepto parecido tiene de las declaratorias de obras de importancia estratégica o de las obras en puntos críticos, donde llega a considerar que se están entregando recursos contra “obras hipotéticas”
El dinamismo al sector de la construcción es necesario, no hay duda. El problema de nuevo es debilitar la seguridad jurídica y viabilidad del flujo de caja de los proyectos. Esta es una mínima de la confianza para invertir, que debería ser el gran reto del gobierno.
*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI