El DRAE define el caos como confusión y desorden. Es algo que produce asombro o desconcierto porque no tiene estructura formal.

No pregunto quién gobierna el caos porque, por definición, no tiene gobierno. Me refiero más bien al país, sumido en el caos.

A mi pregunta, alguien me responde: el Comité del Paro. Esta es una estructura amorfa, formada desde 2019 con el propósito de tumbar a Duque. El propio Gobierno le dio la oportunidad con la malhadada reforma tributaria. Pero cuando la retiró, el Comité no cejó en su intento y sumió al país en el caos. De ello hace un mes.

El Comité está conformado por las federaciones de sindicatos y la Fecode, la mayoría con directores mamertos (o si se prefiere, comunistas o marxistas). Tiene contactos con mamertos de otras latitudes y con ONG, medios y sistemas de difusión de falsas noticias que los idiotas útiles, desde la Dirección de Derechos Humanos de la ONU, hasta la CIDH y el NYT, toman como ciertas sin tomarse el trabajo de verificarlas.

Pero no son la CUT y la Fecode quienes mandan en el Comité. Es fácil ver allí la influencia de Cuba y Venezuela. Y probablemente del PC colombiano.

Ahora bien, en el desarrollo del paro están infiltrados las disidencias de las Farc y los grupos narcoterroristas y, además, cuantos cacos hay por ahí que aprovechan el caos para robar. El paro no les basta y acuden al vandalismo y la violencia.

Pero ¿quién manda? Yo pienso en ciertos políticos, Petro, Cepeda y Sanguino, entre otros, que creen que el caos les permitirá cosechar dividendos en el futuro. Y los apoyan las ONG mamertas de todo el mundo, que fungen como defensoras de derechos humanos, como Amnistía Internacional y otras del círculo de Soros y del Foro de Sao Paulo, y las ídem nacionales, que solamente tienen intereses políticos.

Según la Constitución, en Colombia debería mandar el Presidente, quien al posesionarse jura “garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos” (art. 188) y al que le corresponde “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado” (art. 189.4), con la dirección de la fuerza pública que debe defender “el orden constitucional” (art. 217).

“En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana” puede decretar el estado de conmoción interior “para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos” (art. 213). Hasta ahora no lo ha hecho, probablemente porque piensa que puede eliminar el caos mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía. O porque teme la reacción de los mamertos por el uso “excesivo” de la fuerza, de que habla la JEP.

¡Quién va a saberlo! En todo caso, el 28 de mayo el Gobierno adoptó el decreto 575 mediante el cual se ordena a los gobernadores y alcaldes de ciertos departamentos y ciudades “adoptar las medidas necesarias, en coordinación con la fuerza pública, para levantar los bloqueos internos que actualmente se presentan en las vías de sus jurisdicciones, así como también evitar la instalación de nuevos bloqueos”, dando asistencia militar a la Policía y pudiendo, cuando sea necesario, decretar toques de queda. Ojalá que a los que arresten los lleven a un estadio hasta que paguen la multa o los juzguen.

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Coda uno: Cuando hay vacío de poder, alguien se apresura a llenarlo.

Coda dos: Los que aceptaron que los del paro revisaran la carga en Buenaventura, deben renunciar.