Mapiripán

Mapiripán  no es el único caso en que se inventan víctimas. En el Caballero Delgado, el primero contra Colombia en la Corte Interamericana, la Comisión se “inventó” una víctima con compañero permanente. La señora no existía y la Corte no se tragó el cuento. Después, los controles que la Corte solía imponer para evitar estas “falsas víctimas” se aflojaron. En el Caso 19 Comerciantes, que manejaron la Comisión Colombiana de Juristas y Cejil, la Corte fijó, en razón de la brutalidad que sufrieron los cuerpos -aunque los cadáveres nunca aparecieron- indemnizaciones directas de USD 80.000 a cada una de las víctimas ya muertas, más la misma cuantía a cada una de las cónyuges y compañeras permanentes -o a ambas-, USD 50.000 a cada uno de los padres y de los hijos y USD 8.500 a los hermanos, incluso un primo. A las 16 víctimas identificadas, la Corte les encontró 94 hermanos (5.8 en promedio), sin contar el primo, ninguno con cédula o tarjeta de identidad.
Pero ¿quiénes son los responsables de estas aberraciones del sistema interamericano? Primero, la Corte que carece de rigor jurídico en sus sentencias y procesos; que dio status de parte a las “víctimas”, falsas o verdaderas, en violación de la Convención; que por sí y ante sí amplía los cargos que han sido originalmente presentados contra los Estados; que en una interpretación evolutiva convierte cualquier cosa en una violación de la Convención, como arriar ganado volverlo esclavitud; que hace una sola audiencia para excepciones preliminares, fondo y reparaciones en una clara muestra de prejuzgamiento; y que en Mapiripán condena al Estado por la muerte de 49 personas aunque solamente se probaron diez. La Corte y la Comisión, además, abolieron sin más la excepción preliminar de agotamiento de los recursos internos que contempla la Convención. Manes de nuestra Corte Suprema.
Segundo, la Comisión, órgano altamente politizado, que es mero instrumento de las ONG y en connivencia con ellas comete fraudes procesales induciendo a error a la Corte, de por sí proclive y negligente.
Tercero, las ONG que han montado el negocio de que se condene al Estado para sacar tajada, que puede llegar a 50% de las indemnizaciones decretadas a favor de reales o “falsas víctimas”. Hacen bien la Fiscalía y la Procuraduría en investigar sus actuaciones.
Y, finalmente, la Cancillería, encargada de manejar esos procesos, que, entre otras cosas, nombra abogados que, con poquísimas excepciones, no preparan los casos e ignoran la materia. En Mapiripán, Colombia aceptó responsabilidad por actos de los paramilitares como si estos fueran agentes suyos.
Llega ahora el caso de Santo Domingo. ¿Se irán a nombrar otra vez los mismos abogados que han perdido los casos anteriores? Hay que abrir el ojo para que no se repitan los errores.
Coda. El Consejo Superior de la Judicatura encargó un estudio, que luego se publicó como libro, que analiza todos los casos contra Colombia hasta 2006. Nadie lo leyó ni en el Consejo, ni en la Cancillería.