Venezuela y la CIDH
Chávez se aburrió de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dio órdenes a sus lacayos de desvincular a Venezuela de la misma. Como la CIDH es órgano principal de OEA y todos los Estados miembros están sujetos a su competencia, tendrá que irse.
La CIDH es un ente parajudicial encargado de velar porque los Estados americanos respeten los derechos humanos (DDHH) a todas las personas sujetas a su jurisdicción. Los miembros de la CIDH no tienen que ser abogados y con frecuencia son elegidos promotores de DDHH, lo que, en mi modesta opinión, ha llevado a su politización.
Un grupo muy importante de académicos ha escrito una carta en la que piden a Venezuela que no se retire porque “la Comisión, con su independencia e imparcialidad, fue y continúa siendo un instrumento fundamental para la protección de los derechos humanos en el hemisferio”.
Yo estoy de acuerdo con la solicitud. El sistema interamericano de protección a los DDHH es un pilar fundamental de las democracias en América y ha defendido a los habitantes del continente de muchos abusos cometidos por gobiernos dictatoriales o por aquellos que han llegado al poder por vía electoral pero luego se han transformado en autocracias. Venezuela es un ejemplo.
Sin embargo, la CIDH, pero también la Corte, han adoptado el llamado “nuevo derecho” que les permite salirse de la Convención y crear sus propias normas, excediendo las atribuciones que les dieron los Estados al crearlas.
Por esa razón el Consejo Permanente de la OEA en documento GT/SIDH-13/11 rev. 2 del 11 diciembre 2011, reconoció la autonomía de la Comisión “dentro del marco de los instrumentos jurídicos aplicables y como resultado de una interpretación integral de dichos instrumentos jurídicos”. Pero hizo “recomendaciones” -han debido ser interpretaciones oficiales de los instrumentos-, para que la Comisión fortalezca la consulta con los Estados, adopte justa y jurídicamente medidas cautelares, otorgue plazos razonables a los Estados para responder las solicitudes, aplique rigurosamente los criterios de agotamiento de los recursos internos, defina criterios objetivos para acumular las etapas de admisibilidad y fondo, establezca mecanismos para determinar e individualizar a las presuntas víctimas (Mapiripán) y analice en el Informe Anual de manera objetiva la situación de los DDHH en todos los Estados de la región y no en unos pocos, como hasta ahora. En una palabra, que la CIDH se ajuste a la Convención.
Este documento fue un trabajo serio de la OEA y va a ser necesario hacer lo mismo respecto de la Corte. Sin embargo, los académicos no hacen alusión a él en su carta. ¡Es una lástima!
Coda. El relator de la ONU para la libertad de expresión al hablar de Langlois dijo que “el debate (sobre el cubrimiento del conflicto) debe darse y de los dos lados, porque en otros momentos hubo ataques del gobierno anterior contra periodistas por cubrir”. Es desafortunado que estos funcionarios no entiendan que su función es ayudar a los Estados y no atacarlos.