Nuestros militares ante los jueces de Sucumbíos

“No bastan palabras, sino una acción diplomática enérgica”

LUEGO  de muchos ires y venires, una corte ecuatoriana de Sucumbíos ordenó la detención de la cúpula militar colombiana que el 1 de marzo de 2008, en una operación combinada de nuestras Fuerzas Armadas llamada Fénix, bombardeó el campamento de alias Raúl Reyes causándole la muerte a él y más de veinte guerrilleros y terroristas, entre ellos un ecuatoriano llamado Frank Aisalla, que parece ser lo que investigan los jueces ecuatorianos.

Si Aisalla hubiera sido un civil que cae en una operación militar, podría hablarse de un “daño colateral”, que se justifica en una situación de combate, en especial cuando el uso de la fuerza ha sido proporcional. Pero Aisalla no era un civil. El escrito que Ecuador presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) menciona varias veces cómo era seguido como sospechoso por sus vinculaciones con las Farc, en cuyo campamento, finalmente, pereció. Era claramente un combatiente, no amparado por las Convenciones de Ginebra, ni siquiera por el artículo III común que sería el aplicable al conflicto interno pero que se refiere solamente a civiles y no combatientes. No se trató pues de un daño colateral sino de una muerte en combate. Las muertes en combate no representan violaciones a los derechos humanos.

Sea de ello lo que fuere, la responsabilidad de la Operación Fénix, si la hubiere, recae integralmente en Colombia y no en los militares que la ejecutaron. Por eso corresponde al país sacar la cara por sus valientes soldados.

Pero eso nos trae una reflexión: Colombia es un país que ha aceptado cuanta jurisdicción extranjera o internacional le proponen. Nicaragua nos demandó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con base en el Pacto de Bogotá de 1948, que estamos en mora de denunciar. Ecuador lo ratificó solamente para demandar a Colombia por las fumigaciones, aunque la Cancillería estaba advertida. Ya, afortunadamente, retiramos la cláusula de aceptación de competencia de la CIJ, pero estamos en mora de retirar la que faculta a terceros Estados a demandarnos ante la CIDH, ante la cual también nos tiene demandados Ecuador por el mismo caso Aisalla. Igualmente debemos revisar la de aceptación de competencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual hemos perdido todos los casos, con indemnizaciones que llegan a más de cuarenta millones de dólares, cuya parte del león se llevan las ONG demandantes. Y en la Corte Penal Internacional nos hemos salvado gracias a una cláusula excepcional que venció en el 2009 y a que el Fiscal ha entendido cabalmente que solamente tiene jurisdicción supletoria. Hay que ponerle atención a estas cosas.

El presidente Santos ha anunciado todo el respaldo a los militares acusados. Pero no bastan las palabras, sino una acción diplomática muy enérgica, aunque el Ecuador alegue que su justicia es “independiente”. Hay que cubrir todos los flancos, incluyendo la Interpol.

Coda. ¿Será que podemos exigirles a los jueces de Sucumbíos un conocimiento del derecho de guerra que, entre nosotros, ignora hasta la Corte Suprema de Justicia que dictó sin ponerse colorada el auto que anuló las pruebas del computador de “Reyes”?