Reformas que sí se necesitan

Dos ejemplos ilustran el propósito de este artículo.

El 1 de marzo de 2008, las Fuerzas Armadas destruyeron un campamento de las Farc en Ecuador, provocando la muerte de 17 guerrilleros, entre ellos “Raúl Reyes”. No hubo víctimas civiles pues se trataba de un campamento militar. Fue una legítima operación militar (Fénix), regida, por consiguiente, por el derecho de guerra.

La reforma a la Justicia, fracasada cuando se descubrió el contubernio de Congreso y Cortes para mutuo favorecimiento, contemplaba la desaparición de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, un organismo anodino compuesto por unos personajes desconocidos, cuya función es investigar demandas contra el Presidente, miembros de las Altas Cortes y Fiscal General, entre otros. Esta Comisión adelanta unas 200 investigaciones contra el expresidente Uribe, entabladas por mamertos de todas las pelambres, la última por Iván Cepeda por el caso Santoyo.

El representante Héctor Javier Vergara estaba a cargo de una investigación por el caso de la Operación Fénix y, antes de que el Consejo de Estado lo despojara de su investidura, dictó un auto en el que llamaba a indagatoria a Uribe y pedía una entrevista a Correa y a la cúpula militar ecuatoriana para conocer su versión de los hechos. Ecuador tiene demandada a Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque en la operación murió un ecuatoriano.

Una indagatoria convierte a la persona en sindicado cuando se le atribuye un delito a título de autoría o participación. Es decir, si no hay delito aparente no puede haber indagatoria.

Por supuesto el representante de marras ignora el Derecho Penal, el Derecho de guerra y los temas de jurisdicción penal y de responsabilidad internacional del Estado. Pero ahí estaba tan campante devengando del erario.

Esto prueba que a la rediviva Comisión de Acusación deben ir los mejores representantes y no los que no sirven en ninguna otra parte.

El tema tiene que ver con la Justicia. Una noticia dice que la Fiscalía, en un caso de falsos positivos ocurrido en 2006, ordenó medida de aseguramiento contra 21 militares por su “presunta responsabilidad” y porque “estuvieron involucrados, presumiblemente, en un homicidio”. El fiscal también sindicó a algunos de ellos de haber incurrido, supuestamente, en el delito de falsedad ideológica en documento público. Es aberrante que se dicte medida de aseguramiento para cualquier persona, militar o no, por “presunta responsabilidad” o porque estuvo involucrada “presumiblemente” en un homicidio o porque “supuestamente” cometió un delito hace seis años y la Fiscalía “presumiblemente” lo está investigando desde entonces. ¿Qué clase de Justicia es esa?

Todo esto hay que reformarlo.

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Coda. El país tiene muchos problemas y el Congreso debería estar pendiente de ellos. Pero el senador Benedetti presenta un proyecto para que el que quiera ponga a sus hijos el apellido de la mamá primero y no el del papá. Hoy el que quiera lo puede hacer en una notaría sin necesidad de ley. ¿No habrá nada más importante?