Colombia es un país de contrastes que difícilmente pueden entender los habitantes de muchas naciones que le siguen la pista al proceso de nuestra Paz.

No habíamos logrado celebrar el cuarto aniversario de los acuerdos de La Habana, cuando ya un plebiscito quiso enterrarlo. Por fortuna antes de rubricar el documento, se le habían aplicado los blindajes necesarios para que los enemigos de la paz no lo volvieran trizas.

Terminado el conflicto con las Farc, ese grupo hizo entrega de 10 mil armas de guerra, que se convirtieron en el primer monumento a la paz, elaborado por la artista Doris Salcedo, con unas lozas en acero pacientemente martilladas por mujeres victimas de los 50 años de violencia que ha sufrido nuestro país. Son diez mil armas que han salido de nuestro territorio.

Pero ¿hacia dónde vamos? El presidente Duque ha revivido la entera libertad para adquirir armas y portarlas. El decreto, mediante un “mico”, da facultades al Ministerio de Defensa para expedir las autorizaciones especiales que requieren los compradores. Es decir: se va a   armar a la gente gente, sin mayores restricciones. Marcharemos hacia la conformación de ejércitos privados -antes los llamaban paramilitares-. Se desconocen las razones por la cuales Duque dio a conocer, previamente el decreto en cuestión, al expresidente Uribe y a otras personas no menos cuestionables.

Mientras se acaban las guerrillas aparecerán grupos iguales o peores a los que actuaron en esa época del terror.

La medida gubernamental, con mínimas condiciones, legalizará el suministro y porte de armas. Volverá el olor a pólvora y muerte. En Texas, Estados Unidos, cualquier persona que demuestre buen comportamiento, puede adquirir cuantas armas quiera. Pero algo debe exhibir. En nuestro medio, según el decreto serán mínimas las condiciones y a discreción del Mindefensa. Sabemos la facilidad y el billete que compran certificados.

La delincuencia que nos acosa en barrios, pueblos, ciudades y campos, tiene bajo su mando grupos terroristas y sicariales que la sostienen.

Hay mafias que alquilan pistolas y ametralladoras para que los asaltantes y criminales puedan cometer sus crímenes. La reinante corrupción, soborna y extorsiona a ciudadanos, autoridades, honrados comerciantes y pudientes campesinos, porque quienes la ejercen, son conocidos personajes, con ejércitos de guardaespaldas armados hasta los dientes.

El decreto presidencial, ha debido ir de tajo contra esas organizaciones y el enjambre de delincuentes que con toda suerte de armas blancas y de fuego, siembran el pánico entre las gentes de bien que deben tomar un bus, un taxi, el Transmilenio, la bicicleta, las calles, acudir a un cajero, un banco, o simplemente dar un caminata por un centro comercial.

El rechazo a la consultada y aplicada medida del Presidente Duque ha sido casi unánime, porque hay sectores y “señores” que añoran esta guerra que estamos superando.

BLANCO: El paso de Jeison Murillo al Barcelona.

NEGRO: La acusación de Uribe a la Corte de quererlo encarcelar.