Los senadores del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar e Iván Cepeda, y la representante Katherine Juvinao acaban de presentar un proyecto de reforma constitucional que busca modificar el funcionamiento del Congreso en diferentes aspectos, entre ellos el relacionado con las fechas de sesiones de los periodos legislativos. Así, por ejemplo, el primer periodo de sesiones comenzaría el 20 de julio y terminaría el 20 de diciembre, y el segundo, comenzaría el 20 de enero y concluiría el 20 de junio.

Por otro lado, el proyecto busca ampliar las causales de pérdida de investidura de los congresistas incluyendo el ausentismo y estableciendo una causal adicional por la obtención de cuotas o prebendas burocráticas por el voto favorable en proyectos y mociones de censura. Así mismo, se reducirían los salarios de los congresistas, habría un control de gastos en los esquemas de seguridad y se limitaría la presencia en el Congreso a tres períodos, entre otros puntos cuya reforma propone esta iniciativa.

Desde luego que las propuestas que contempla el proyecto de reforma buscan hacer más eficiente el trabajo legislativo y erradicar ciertas prácticas que no le hacen bien al Congreso. Pero creo que estas iniciativas deben hacer parte de una reforma de más amplio espectro a nuestro régimen político, que podría incluir la necesidad de reformar la circunscripción nacional para el Senado que ha encarecido los costos de su elección. Nada impide que podamos regresar al esquema anterior a la Constitución de 1991; o sea, al Senado elegido por los departamentos, dejando la circunscripción nacional para garantizar la representación de las minorías.

Otro punto esencial en un proyecto de reforma política es el de la financiación total a cargo del Estado de los procesos electorales. Hay que reconocer que la Constitución de 1991 dejó abierto el espacio para que operen también mecanismos de financiación privada que es por donde, en diferentes casos, se han filtrado dineros non sanctos.

Los costos que se conocen en el proceso de financiación de una campaña a una gobernación o una alcaldía son francamente insospechados. Ello ha afectado el espíritu democrático con que se aprobaron tales reformas. Para aspirar a una alcaldía o gobernación de departamento hay que contar con el apoyo de los funcionarios salientes, dicen algunos. Por ello la estructura democrática del poder en las regiones se ha desequilibrado. La competencia no es muy democrática por los recursos que se requieren para su financiación. Debemos decir que si se eliminó la reelección presidencial, no se entiende qué justifica mantener la reelección de alcaldes y gobernadores. 

Del mismo modo, también se debe reformar el sistema de listas abiertas o con voto preferente en el que hay tantas campañas con sus propias tesorerías, cuantos candidatos presenta el partido político a que pertenezca. Hay que reemplazarlo por listas cerradas para que la gente vote más por partidos que por personas y se depuren prácticas que afectan su transparencia. Estas propuestas no son nuevas.

Como se puede apreciar, se requiere de una reforma política que busque superar las deficiencias en el funcionamiento del Congreso y las debilidades de nuestro sistema político.