Con la captura de la excongresista Aída Merlano en territorio venezolano, Nicolás Maduro ha propuesto el restablecimiento de las relaciones consulares entre los dos países. Lo malo de la propuesta es que no sea iniciativa de las comunidades de ambos países que necesitan un funcionario que atienda sus necesidades que nada tienen que ver con las relaciones diplomáticas hoy inexistentes entre Colombia y Venezuela; es inconveniente que se hubiera hecho en el marco de la captura de la señora Merlano, lo que tiene un sabor a mecanismo de presión para que haya algún tipo de reconocimiento al gobierno de maduro, y ahí se complican las cosas.

Desde luego que era y es preferible mantener relaciones consulares con Venezuela, que sería muy útil, si tenemos en cuenta el panorama de derechos humanos que se vive en el vecino país con las desapariciones forzadas en la zona de frontera y las ejecuciones extrajudiciales de que se tiene noticia, más todavía si no se admite la presencia de misiones de observación y monitoreo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que se le acaba de negar el ingreso a dicho país. Por ello el secretario ejecutivo de la CIDH ha dicho que “es propio de los regímenes autoritarios no abrirse al escrutinio de organizaciones de derechos humanos”. Y para la presidente del mismo organismo la negativa de dejar entrar a la misión demuestra que “hay una crisis en materia de Estado de derecho, hay una crisis institucional, y es importante que la comunidad internacional tenga conocimiento de ello.”

Además, son los consulados los que coordinan la asistencia jurídica y la representación judicial que se le ofrece a los reclusos en el exterior, prestan ayuda y asistencia a los connacionales en general, actúan como notarios o funcionarios de registro civil, velan por los intereses de los menores y de los que carezcan de capacidad económica, y tales comunidades no tienen a quien acudir en las condiciones presentes.

Es cierto que la Convención de Viena de 1963 establece que “la ruptura de relaciones diplomáticas no entraña, ipso facto, la ruptura de relaciones consulares”. Pero, fue el régimen de Venezuela quien tomó la iniciativa de romper la relación consular con Colombia. Recordemos que ello comenzó con la decisión de expulsar a un ciudadano de ese país que tenía un vínculo contractual con su embajada en Bogotá por hacerle “supuestos seguimientos a la exfiscal Ortega”, según se dijo. Luego el gobierno de Maduro ordenó expulsar a todos los funcionarios de Colombia, incluidos los cónsules, quienes comentaban que no eran oídos por las autoridades de la hermana república. A varios de los antiguos cónsules les oímos decir que sus solicitudes no eran respondidas por los funcionarios de allá y que eso dificultaba mucho sus tareas.

También es cierto que Colombia ha mantenido relaciones con países que no profesan precisamente los valores del sistema democrático, como son China y Cuba, y en el pasado con los regímenes dictatoriales del Cono Sur, la antigua URSS, entre otros.