Tal como pasó en otras naciones, Bolivia sufre hoy las decisiones de medidas estatizantes tomadas hace 15 años. Aplicando mucho de activismo, ideología y fundamentalismo, se desincentivó la inversión privada en la exploración de gas y hoy el resultado es nefasto. Más costos al consumidor, más déficit fiscal, menos divisas, una mayor tasa de cambio, menos exportaciones, menor crecimiento, menos recaudo y con ello menos recursos para atacar la pobreza e inequidad.
Las decisiones equivocadas se tomaron en el gobierno de Evo Morales e implicaron, entre otros, la nacionalización del petróleo y gas, el desincentivo a invertir en exploración (hoy la caída en producción es mayor al 30%) y el cambio del país de exportador a importador de gas, con los sobrecostos que ello implica.
Este ejemplo de caminos equivocados debiese ser consigna para nunca cometer el error de retroceder a modelos estatizantes ineficientes o montar transiciones energéticas irresponsables. Tal como lo expone la literatura científica, cuando el estado se apropia de la actividad privada se afectan las libertades individuales, se encarece el bien o servicio, se burocratizan los servicios y se vuelven más ineficientes los procesos, para no hablar de riesgos de integridad.
Puede ser esta una de las más temidas consecuencias de buena parte de las reformas que circulan en el Congreso de la República. El almendrón de las reformas a la educación, pensiones, salud, servicios públicos, así como algunos mensajes encontrados en infraestructura, energía, vivienda y banca, hablan de acabar con el positivo papel que ha cumplido el sector privado. Y puede ser que sea no un propósito inicial de las reformas, pero sí una consecuencia de la forma como se construyen.
De cara a un “Acuerdo Nacional” con las grandes empresas del país al final de este mes, éste debiese ser un asunto central de conversación. La cereza del pastel es una reforma laboral que afecta directamente al sector empresarial, en especial Mipyme y emprendedor, por la vía de elevar costos, inflexibilizar la contratación y ser más laxo en las declaratorias de huelga.
Lo triste es que, a semejanza de Bolivia, nosotros tenemos nuestra propia experiencia en Bogotá, en los recursos que se despilfarraron en el intento fallido de estatizar la recolección de basuras o los recursos perdidos en Capital Salud, y otras de nuestro propio pasado como Telecom, BCH, el Seguro Social, los ferrocarriles, los puertos, entre otros.
Y en esto no se vale el juego de palabras para no hablar de estatizar sino democratizar. Las consecuencias de lo uno y otro son exactamente las mismas.
La lección esta aprendida y no vale la pena repetirla. Qué sentido tiene perder la capacidad de gestión de riesgo operativo y financiero de las EPS, o la curva de aprendizaje en inversiones de las AFP, o el aporte a la calidad y cobertura de las Instituciones de Educación Superior privadas, o los avances en inversión privada en energías alternativas, o el aporte de las APP al desarrollo de infraestructura.
Por todo lo anterior, el Congreso debe ser más agudo en el análisis de las reformas para no seguir el camino catastrófico de Bolivia. No vaya y sea que le hagan un mal a la nación.
*Rector Universidad EIA
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