Estamos viviendo en Colombia un proceso político de desintegración nacional y corrupción, que viene de atrás, con fenómenos como el de los cupos indicativos en los que se ven envueltos políticos y empresarios, que manejan la contratación regional y junto con las autoridades nacionales y departamentales, reciben jugosos beneficios de tales entuertos. En parte esto tiene que ver con los elevados costos de las campañas al Senado y a los demás entes de elección popular. Por supuesto, si los funcionarios del gobierno central y regional, que disponen de esos recursos fuesen de integridad insobornable, no se presentarían estos casos. 

Es tal el contubernio entre contratistas y políticos, que disponen de elevadas sumas para aceitar la corrupción y acallar a los inconformes. Cuando se toman unas alcaldías, se sabe que determinados contratos son para reconocidos agentes que van ayudar con fondos -no siempre mal habidos- a X candidato a la gobernación. Los cuales deben contribuir posteriormente con grandes sumas para apoyar a determinado partido y su campaña presidencial. Por eso, algunas obras en la provincia o en la misma Bogotá, son un modelo de corrupción. El sistema está minado por el tráfico de influencias, lo que impone una forma de hacer política. Así algunos candidatos y miembros de los cuerpos representativos del país no estén en esa sucia jugada.

En las zonas de la periferia que controlan los violentos y las mafias, la situación es mucho peor, puesto que explotan los minerales y los recursos de los negocios ilícitos a su antojo e imponer la ley del fusil. En esos territorios, donde el Estado no ejerce la soberanía nacional, sus habitantes sobreviven de milagro, siempre con el temor de ser abatidos ellos o sus familiares y amigos. Anteriormente, cuando el ejército recuperaba esas zonas y se intentaba algún tipo de acción cívico-militar, incluso se nombraban alcaldes militares para mantener el orden, la población volvía al seno de la democracia y en las elecciones sufragaban por candidatos tradicionales que intentaban recuperar la maltrecha democracia. Por entonces, los ríos por donde transita la violencia y la ilegalidad, eran recuperados por la Infantería de Marina, en combinación con la Fuerza Aérea.  Parte de los negocios ilícitos se dan en combinación con comerciantes ilegales de las fronteras, los cuales compran en Colombia los minerales o las sustancias tóxicas, para revender. Así que los violentos de esas regiones manejan sumas millonarias para aceitar la corrupción y ensanchar sus negocios turbios.

En la actualidad los servicios de inteligencia militar han sido debilitados y a los expertos los han dado de baja o sustituidos por elementos políticos de izquierda afines a los proyectos oficiales. Para colmo, se rompieron   los convenios con Israel que suministraba equipos y valiosa información.  La debilidad de la Fuerza Aérea y la falta de repuestos para los aviones y helicópteros frenan la acción militar. Fuera del hecho pernicioso de que en muchas regiones nuestros soldados no pueden actuar por cuenta de los numerosos procesos de paz con diversos grupos armados.

Lo que demuestra la experiencia es que, sin ganarse a la población civil de la periferia, donde campea la violencia, resulta muy difícil ganar la guerra. Así que, en medio de los llamados acuerdos de paz y tras un conflicto armado que lleva más de medio siglo, estamos hoy peor que al comienzo de la banda de “Tirofijo” en tiempos de Fidel Castro.