El gobierno del presidente Petro se ha posicionado como un firme opositor al sector minero-energético, adoptando esta postura como una de sus estrategias de campaña. Este sector, vital para la economía del país, genera 500 mil empleos directos y es responsable del 54% de las exportaciones, además de contribuir significativamente al Sistema General de Regalías. Ante este escenario, surge una pregunta crucial para el gobierno del cambio: ¿cómo planeamos reemplazar los recursos que dependen de esta actividad?

Es fundamental recordar al Gobierno sobre la importancia económica de este sector. En 2023, el pago de regalías alcanzó los $9.2 billones; la inversión extranjera directa en 2022 fue de USD $1.590 millones, cifra que se superó en el primer semestre de 2023 con USD $2.804 millones; el PIB minero en 2022 fue de $47.4 billones y en el primer semestre de 2023, de $20.4 billones. Los aportes en impuestos, regalías y otras contribuciones en 2022 ascendieron a $20.5 billones, y se estiman en $18.3 billones para 2023. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), existen 1.337 entidades elegibles para acceder a estos recursos, incluyendo 873 municipios, los 32 departamentos, el Distrito Capital y 431 entidades como universidades y CAR, entre otras.

El 30 de enero se publicó el Decreto 044 de 2024, el cual representa una amenaza directa para el sector minero-energético, al buscar declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal, bajo el principio de colaboración armónica con las entidades del sector. La justificación del Decreto, según la Ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se basa en el cumplimiento de la sentencia 2013-02459-01 del Consejo de Estado. Sin embargo, un análisis detallado revela una extralimitación en las líneas estratégicas, evidenciando el carácter extremista de la política ambiental del actual gobierno, además de un sesgo ideológico, especialmente considerando que la demanda originaria de la sentencia fue interpuesta por el senador petrista Iván Cepeda.

Es preocupante la selectividad en el diálogo del Gobierno y su aparente indiferencia. Durante la consulta pública del decreto, se presentaron 400 comentarios de más de 120 actores, incluyendo 60 pequeños mineros y trabajadores del sector, cuyas voces fueron ignoradas por el Ministerio de Ambiente. La pasividad del ministerio de Minas y Energía es notable, dando la impresión de que Susana Muhamad actúa como una 'superministra'. Las preocupaciones del sector, expresadas por gremios como la ACM y la APMC, parecen haber sido desoídas por el gobierno nacional, lo que plantea serias inquietudes respecto al decreto.

Ante esta situación, la justicia parece ser el último recurso, la cual, afortunadamente, ha demostrado estar por encima de las intenciones del presidente, defendiendo las instituciones y los intereses de los colombianos. Sin embargo, es crucial que el sector minero-energético se movilice, apoyando marchas ciudadanas como herramienta de presión y defensa de su actividad productiva. No podemos permitir que este sector, clave para la transición energética del país, sea socavado por ideologías de extrema izquierda.

Esperemos que nuestros empresarios no repitan el error de sus homólogos venezolanos, quienes, enfrentados a elegir entre negocio y patria, perdieron ambos. La firmeza de los empresarios en defender sus empresas y colaboradores es esencial.

El 6 de marzo, su presencia en las calles será determinante para defender esta Patria, el empleo y los logros alcanzados durante años.