El llamado narcobus y la horrorosa tragedia que desencadenó, refleja el estado de desorden y peligrosa anarquía, que impera en todos los modos de transporte en Colombia excepto en el modo aéreo. Es evidente el desinterés, como política pública, en imponer órden en los otros modos de transporte. Las entidades del sector reaccionan en lugar de anticiparse. En el caso del narcobus ni siquiera se notó un conocimiento de las normas por parte de los altos funcionarios a cargo de estos temas. Antes de que el tema transporte se desviara al tema penal, se estaba tratando de establecer quién era el conductor y si éste tenía licencia de conducción vigente. Información absolutamente irrelevante para responder la pregunta sobre quién le responde a las víctimas. Pues, de acuerdo con las normas responde la empresa transportadora titular de una habilitación para prestar servicio público de transporte terrestre. Ninguno respondió esto de forma inmediata. Se trataron de excusar en que “carecen de dientes” para sancionar a las empresas. Y, que el proyecto de ley que lo pretendía hacer fue archivado.

Hace un año, tuve acceso a ese proyecto de ley pues la Aeronáutica Civil estaba muy preocupada de que la Superintendencia de Puertos y Transporte le quitara todas las facultades sancionatorias. Y así era, lo revisé profundamente y el proyecto de ley parecía más preocupado en convertir en “inspectores de seguridad aérea” a los funcionarios de dicha Superintendencia -algo monstruoso para la seguridad aérea- en quitarle los ingresos por sanciones a las aerolíneas a la Aeronáutica Civil, que en fortalecer el régimen sancionatorio en los otros modos de transporte. Es decir, hoy hacen un llamado urgente a dotar de dientes a Supertransporte para que pueda sancionar drásticamente pero cuando tuvo la oportunidad de hacerlo quiso fue quitarle los dientes a entidades que tienen muy bien regulado este tema.

Las normas de transporte en Colombia, para que se rían, le exigen un sinnúmero de requisitos y documentos a una persona que tenga un bote privado y quiera navegar en una represa con su familia, sin ninguna intención de prestar ningún servicio público de transporte, y al mismo tiempo no le exige nada, y peor aún, no sabe de la existencia de narcobuses, narcojets o de embarcaciones como la de la tragedia de Guatapé. Para negar un permiso de uso de un bote privado somos unas hachas. ¿Y el resto?

@ReyesJuanfelipe