En medio de la dosificada euforia mediática que ha generado la concupiscencia  con las Farc, hay algunos eventos que, desde adentro del propio régimen, han aguado la fiesta y siguen preocupando en grado sumo al Ejecutivo de cara al plebiscito y al 2018.

De hecho, las trompetas de Gedeón están sonando y eso desconcierta a la coalición del Gobierno tendiente a complacer a unos extremistas que, cobijados ahora por el manto de los acuerdos, han encontrado la mejor forma de amparar sus desafueros, tanto los del pasado como los del porvenir.

En concreto, al régimen le descompone la relativa independencia del Vicepresidente, quien, a pesar de haber dicho a diestra y siniestra que votará ‘Sí’, no sólo genera recelos y envidias, sino profundos temores por cuanto desafía la continuidad y el mantenimiento de los privilegios.

De hecho, cuando Vargas Lleras manifiesta sus temores sobre la Jurisdicción Especial de Paz recibe la andanada de aquellos coaligados cuya misión es impedir que se propague la idea de que los empresarios librepensadores tarde o temprano serán perseguidos por haber sido “grandes financiadores” de grupos paramilitares.

Por supuesto, el Gobierno se jacta en remitirse literalmente a los acuerdos para desvirtuar lo que, sociológicamente, interpretan quienes tienen todo el derecho a sospechar de los firmantes, porque ¿Cuál puede ser la garantía de que una JEP, prohijada por el régimen, se atreva a absolver a disidentes y renunciar a la persecución penal?

Otro asunto de los muchos que atormentan al régimen, porque son objeto de reflexión cada vez más cuidadosa entre la población, es el referente a las tierras, las que ya están en poder de las Farc y las que terminarán registradas a nombre de sus múltiples asociados en red.

¿Cómo se supone que se definirán, y qué sucederá con esos 3 millones de hectáreas de los que dispondrá el Fondo de Tierras a lo largo de 10 años, con la meta puesta en la formalización de 7 millones?

Por supuesto, muy llamativo será el proceso de “recuperación” de tierras “adquiridas de forma ilegal”, y si nadie está temiendo por la estatización de tierras es porque podría suceder algo peor: la estabilización de la propiedad a favor de una agrupación cuya razón de ser ha sido, y sigue siendo, el control territorial por medio de la violencia visible o no visible.

En definitiva, si a estas graves situaciones se les agrega lo que serán las curules transitorias en territorios bajo el control tradicional de la organización leninista, ¿No están acaso justificadas las aprensiones del Vicepresidente y el interesante ascenso de las fuerzas sociales a favor del ‘no’?