Diecinueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica rechazaron recibir en audiencia pública a Diego García-Sayán, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, uno de los puestos burocráticos del Comité de Derechos Humanos.

García-Sayán fue presidente de la Corte Interamericana y, mientras lo era, hizo campaña para ser Secretario General de la OEA, pero renunció porque su propio gobierno, el Perú, no lo apoyó.

García-Sayán emitió dos informes (2019 y 2020) sobre la justicia en Costa Rica en los que criticó la forma en que se aprobaron leyes que limitaron los beneficios de los funcionarios judiciales y sobre las cuales la Sala Constitucional de la Corte aún no se ha pronunciado. Incluían críticas a la ley que reforma el régimen de pensiones del Poder Judicial, sobre la cual ya la Sala Constitucional decidió en el sentido de que no presentaba vicios de inconstitucionalidad. Según la Corte habría injerencia en los asuntos internos.

Según un editorial del 27 de mayo del diario La Nación de San José, los documentos del Relator “establecen una serie de hechos ‘según la información recibida’.” “No dice quién suministró los datos ni cuáles son las fuentes de los informantes. Tampoco refleja el menor esfuerzo de corroboración.” Luego “salta directamente a una lista de ‘solicitudes y recomendaciones’, formuladas en términos imperativos, dando por buena la ‘información recibida’”.

En Colombia, en cambio, recientemente la Comisión Interamericana (no la Corte, como dijo el expresidente Gaviria) de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno colombiano permiso para realizar una visita in loco por haber recibido información de violaciones a los derechos humanos, en relación con un paro que ya lleva más de un mes. Según la CIDH en al menos mil de las manifestaciones que ha habido se habrían presentado casos de "fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza” (no dice por qué) y 87 actos de violencia sexual cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública en contra de mujeres manifestantes.

La CIDH sostuvo que el Estado debe "tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con (sic) relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica”.

En una carta dirigida al gobierno colombiano el 7 de mayo, la CIDH dice haber recibido “solicitudes de miles de personas, cientos de organizaciones y movimientos sociales de Colombia” (no indica cuáles) e informes sobre "personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas".

Agrega que “el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas”. “De acuerdo a (sic) lo informado, se estarían utilizando armamentos antidisturbios por parte de la policía que generan impactos indiscriminados en contra de las protestas mayoritariamente pacíficas, como es el caso del lanzacohetes Venom”, pero ese tema será objeto de otra columna. Invito al lector a leer el larguísimo comunicado 15/21 del 25 de mayo.

La señora Vicepresidente rechazó inicialmente esta visita, pero la presión de la jauría izquierdista obligó a echar reverso y aceptar que la CIDH venga cuando le dé la gana. Ojalá verifique si es cierto o no lo que dicen tantas denuncias y oiga a las otras partes.