El transporte modal y multimodal, así como la movilidad al interior de las ciudades -y entre estas y las conurbaciones vecinas- son uno de los temas medulares de las políticas públicas del siglo XXI. Acaso el principal. No en vano el 70% de la población colombiana vive en centros urbanos.

De allí que los documentos Conpes (que dan sustento jurídico a vigencias futuras para asegurar recursos en presupuestos lejanos) se ocupen cada más del transporte. Es la única manera como los gobiernos pueden dejar marcada su visión sobre la planeación racional del transporte sin tener que desembolsar en el corto plazo ni un centavo. Y es también la forma como pueden dejar su marca de ADN en obras que verán su momento diez o veinte años adelante.

Recientemente se aprobó un documento Conpes con un ambicioso programa por 35 billones de pesos para vigencias futuras de mega obras a realizar en lo que se conoce como Bogotá-Región. Acá aparecen trenes de cercanía con las localidades vecinas de Bogotá como el Regiotram, una segunda línea del metro, la conexión de Soacha con las calles 80 y 26, la extensión de nuevas troncales de Transmilenio, 1500 kilómetros de nuevas ciclovías y 222 kilómetros de movilidad en corredores verdes. Entre otras maravillas. Para otras ciudades como Medellín se han hecho anuncios y documentos Conpes similares.

Está bien que se empiece a pensar desde ahora en el futuro del transporte. Y anticiparse con soluciones (aunque por el momento solo sea en el papel de los documentos Conpes) a problemas ciertos de la sociedad contemporánea. Como el embotellamiento de las entradas y salidas de nuestras capitales y la forma como se transportará el ciudadano que hoy viven en núcleos urbanos satélites - dormitorio pero que trabaja en Bogotá. O viceversa.

Al lado de estos desafíos de mediano y largo plazo tenemos otros en el corto término no menos agobiantes. Uno de ellos es el abultado déficit que todos los sistemas de transporte masivo, sin excepción, acumularon a lo largo de la pandemia, por aforos reducidos y por el desplome en la carga de pasajeros. El solo Transmilenio capitalino acumula un déficit operacional superior a los dos billones de pesos. El proyecto de la nueva reforma tributaria contempla que el gobierno central asuma el 50% de estos déficits lo que para la Bogotá representará un apoyo cercano al billón de pesos. En el Concejo de Bogotá se discute al momento de escribir este artículo cómo será la contrapartida del Distrito a este proyecto indispensable de saneamiento financiero.

Queda también sobre el tapete el juicio de responsabilidades con quienes han destruido el mobiliario urbano de nuestras grandes ciudades (comenzando por Bogotá y Cali), donde se ha destrozado una buena parte de la infraestructura física y rodante destinada al transporte ciudadano. ¿Quién va a responder por estos destrozos? Cerca del 60% de las estaciones de Transmilenio han sido vandalizadas y otro tanto -o aún peor- ha acontecido en Cali. Los nutridos precandidatos a la presidencia y a las alcaldías que ya empiezan a aparecer deberían pronunciarse de manera más rotunda: condenando como forma ilegítima esta manera de protestar. Y comprometiéndose a que durante sus mandatos (si resultan elegidos) reprimirán como corresponde estos desmanes intolerables.

Los documentos Conpes que se han escrito en los últimos meses deben ser también objeto de atención por los partidos políticos y por las coaliciones que por estos días recorren el país en frenéticas giras proselitistas. ¿Se comprometen a honrar las vigencias futuras que se vienen abriendo con profusión? ¿Van a incorporar estos proyectos en sus planes cuatrienales de desarrollo?

El futuro de la convivencia ciudadana se juega en una moderna infraestructura del transporte urbano para el siglo XXI. Ojalá tan buenos propósitos no vayan a quedar reducidos al discreto encanto de los documentos Conpes, que como se dice jocosamente “no se le niegan a nadie”.