“Ayer el Consejo Gremial Empresarial (sic) le dijo (sic) una gran mentira a los colombianos. Que había una crisis de violencia”. Ese fue el trino acusador del presidente Petro al Consejo Gremial Nacional, respaldado por el cuestionado exministro Velásquez, quien se despidió afirmando que la situación de orden público “no es tan dramática” y que los hechos de violencia se “maximizan” para desprestigiar al Gobierno.

Graves acusaciones; primero, porque el comunicado del CGN, en ninguna parte afirma que haya una “crisis de violencia”, aunque rechaza los actos de violencia y terrorismo en Cúcuta, una capital que tuvo que declarar toque de queda; en Chocó, donde los habitantes están aterrorizados, y en el Catatumbo, que vive una crisis humanitaria sin precedentes.  

Segundo, porque el Consejo Gremial no inventó nada; su rechazo está basado en la información que el país conoce por los medios. Sin embargo, el presidente, en un segundo trino, lo acusa de “desinformar a la opinión pública” y hasta de superficialidad: “La paz necesita datos objetivos y seriedad”.

Tercero, porque la gran mentira no está en reconocer y rechazar una realidad evidente de violencia, sino quizás en tratar de ocultarla o de desestimar su gravedad ante el país. No es cierto, como afirma el presidente, que la “violencia se mide por tasa de homicidios”, que puede haber disminuido durante su gobierno, pero la violencia no es solo una contabilidad de muertes…

Violencia es el temor de ser asaltado en una calle o extorsionado por bandas que venden dizque seguridad en campos y ciudades; violencia es la influencia de grupos armados ilegales en 809 municipios, como denunció la Defensoría del Pueblo. En Chocó, por ejemplo, aunque la Fuerza Pública recorrió los ríos e hizo presencia en los poblados para evitar mayores desgracias, no pudo evitar la desgracia, esa sí mayor, de sentir vulnerada la libertad de movilización, el derecho a educarse, a ganarse el sustento…, a vivir sin temor, porque el objetivo del paro armado es sembrar terror paralizante, el mismo que tiene confinados y desplazados a miles de pobladores del Catatumbo.

Y cuarto, porque esa evidente crisis de violencia tiene un factor común: el Eln, la razón por la que el Gobierno se aferra a desestimar la actual escalada de violencia, porque reconocer el estado terminal de las negociaciones con ese grupo criminal es un golpe a su política de Paz Total.

Ahora bien, el problema no es solo de seguridad ciudadana, sino de seguridad nacional y soberanía territorial.  La “guerra total” de los violentos ya no es para derrocar gobiernos, sino entre ellos para controlar territorios y proteger rentas ilícitas, sometiendo por el terror a la población, instrumentalizando, por las buenas o por las malas, a Juntas de Acción Comunal, minorías étnicas y “organizaciones comunitarias”; capturando recursos y votos en gobiernos locales y departamentales.

Por eso la guerra del Eln contra quienes le disputan el control del corredor oriental fronterizo, ruta de la cocaína hacia el mundo a través de Venezuela, donde solo es perseguido de boquilla por su aliado, un dictador armado, asustado y expansionista, que representa una amenaza para la soberanía nacional. Ni qué decir de la guerra en el corredor occidental (Chocó – sur del Valle, Cauca, Nariño y Putumayo), por la minería ilegal y la coca con salida al Pacífico.

El país está siendo acorralado y, si vamos a las causas, la innegable crisis de violencia tiene una todavía cercana: la gran mentira histórica, el asalto a la democracia y el engaño de la paz estable y duradera de Santos y las Farc. Por eso estamos como estamos.  

@jflafaurie