VICENTE TORRIJOS R. | El Nuevo Siglo
Martes, 9 de Abril de 2013

6 añitos

 

Es casi seguro que Santos saldrá una y otra vez a decir que no. Que cómo se le ocurre, que es un adefesio, un atentado contra la democracia y que él jamás de los jamases secundaría una idea como esa, destinada a quebrar los cimientos de la convivencia y la gobernabilidad.

Pero nadie le creería.  Y nadie le creería porque la iniciativa que Piedad Córdoba y sus asociados quieren echar a rodar en el Congreso para ampliar a seis años su gobierno le vendría como anillo al dedo.

Como anillo al dedo para rematar su sueño de gran pacificador y cogobernar hegemónicamente al país mostrando como ministros, cónsules y senadores (no elegidos por voto popular) a los que, aún en contra de toda evidencia, para él serían intachables ciudadanos que dejaron las armas, renunciaron a la violencia y disolvieron su organización criminal.

En un clima de impunidad arropado por el "marco legal de paz" y la amnistía; con reparaciones cosméticas amparadas en el sofisma de que "víctimas somos todos", y con curules regaladas para el Congreso o la Constituyente mediante las anticuadas y vergonzantes "circunscripciones especiales de paz", Santos y las Farc refundarían el Estado pero no en cuatro, que son pocos, sino en seis añitos, que tampoco son tantos.

Por supuesto, este autoritarismo hegemónico solo podría perfeccionarse suspendiendo también las elecciones al Congreso y ampliando el período del actual, una excelente golosina para que la maquinaria de la unanimidad nacional se comprometiera con el proyecto, siempre en aras de lograr el consabido "bien sublime de la paz".

En resumen, el Presidente se liberaría como por arte de magia del déficit de popularidad que lo atormenta, de la posibilidad de perder la reelección frente a un candidato que aglutinara a las corrientes mayoritarias de opinión y, como si fuera poco, podría respirar tranquilo al no tener que lidiar con un Congreso adverso, dominado por las corrientes mayoritarias de opinión.

En resumen, Santos seguirá diciendo que no, que él no puede apoyar una idea anticonstitucional, arbitraria y que podría originar conflictos aún más graves que los que pretende resolver. Pero nadie le creería.